El Parlamento Europeo ha respaldado este martes poner en marcha una plataforma europea para impulsar la lucha contra el empleo no declarado con el objetivo de mejorar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembro, los sindicatos y las patronales.
El proyecto legislativo ha sido aprobado con 619 votos a favor, 69 en contra y 7 abstenciones, e incluye enmiendas que recogen el acuerdo alcanzado a final de año entre los representantes de los países de la UE. El responsable de su tramitación, el socialista búlgaro Georgi Pirinski, ha señalado que la plataforma se dedicará a "prevenir, desincentivar y combatir todas las formas de empleo no declarado, así como a impulsar su conversión en puestos de trabajo reconocidos.
El empleo no declarado hace referencia a cualquier actividad remunerada, en principio legal, que no se declara a las autoridades pertinentes, como Hacienda o la Inspección de Trabajo, ha explicado el Parlamento Europeo en un comunicado, en el que apunta, sin embargo, que no está prevista la armonización de las normativas nacionales ni habrá interferencias en las medidas adoptadas por cada país.
El objetivo a largo plazo es mejorar las condiciones laborales, reducir el fraude a la Seguridad Social e integrar a los trabajadores de la economía sumergida en el mercado de trabajo. La plataforma tratará con todo tipo de empleo no declarado, desde falsos autónomos hasta empresas ficticias.
Asimismo, la Eurocámara ha detallado que esta plataforma estará compuesta por representantes de todos los Estados miembro, más un máximo de cuatro personas designadas por los agentes sociales y la Comisión. Los representantes de patronal y sindicatos, Eurofund, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los representantes de los países del Espacio Económico Europeo serán observadores permanentes.
El organismo se reunirá al menos dos veces al año y se crearán grupos de trabajo para tratar formas específicas de empleo no declarado. Para su funcionamiento serán necesarios en torno a 2,1 millones de euros al año, que saldrán del capítulo Progress del Programa europeo para el Empleo y la Innovación Social (EaSI).
En cualquier caso, este proyecto debe ser aprobado formalmente por el Consejo de la UE y entraría en vigor una vez publicado en el Diario Oficial.
