Los representantes de las instituciones acreedoras de Grecia inician hoy en Atenas la primera revisión del tercer rescate, con un amplio catálogo de asuntos todavía pendientes de resolver y un Gobierno frágil que debe capear la protesta de la calle contra el enésimo paquete de recortes.
La primera tanda de conversaciones comenzará a últimas horas de esta tarde, con un primer intercambio de los asuntos que se debatirán a lo largo de los próximos meses.
Se espera que los jefes de misión de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se queden en esta primera etapa en torno a una semana en Atenas.
Durante este tiempo podrán ser testigos de las ampollas que están levantando las exigencia de la denominada "cuadriga" en materia fiscal y de pensiones, con un paro de los transportes este martes, una huelga general el jueves y las protestas diarias de agricultores.
Si ya la propuesta de reforma del sistema de pensiones presentada por el Gobierno ha desencadenado una reacción ciudadana similar a la vivida durante la coalición de Gobierno entre conservadores y socialdemócratas, las exigencias de los acreedores, que aún van más allá, se intuyen explosivas.
En total son cinco los puntos conflictivos que se tratarán en esta negociación, de cuyo éxito depende que Grecia no solo reciba un nuevo tramo del rescate, sino que pueda tener visos de abrir el debate sobre un posible alivio de la deuda, uno de los principales caballos de batalla del Gobierno de Alexis Tsipras.
El más controvertido en la población es sin duda el que afecta a la reforma de pensiones.
El Ejecutivo ha desarrollado una propuesta que pretende evitar nuevos recortes a los actuales pensionistas -desde 2010 ha habido once reducciones-.
A cambio, plantea subidas de las cotizaciones y recortes de las pensiones suplementarias, que pese a tener ese nombre, forman el pilar fundamental de los ingresos de los jubilados.
Desde que estalló la crisis hace más de seis años las pensiones se han convertido en el principal sustento de la mayoría de las familias en este país, como refleja un estudio realizado por la asociación de pymes griegas.
De acuerdo a estos datos, las pensiones son la fuente principal de ingresos en el 51,8 % de los hogares, casi un 10 % más que en 2012.
El FMI, como el interlocutor más duro del cuarteto, considera insuficiente y poco sostenible el proyecto presentado por Atenas, y según informaciones de los medios locales, reclama un recorte del 15 % a las pensiones actuales y, a cambio, es contrario a que se les suban las cotizaciones a los patronos.
Tsipras ha insistido repetidamente que no está dispuesto a bajar las pensiones actuales, sino solo las futuras, y así se lo ha dicho, según citan los medios fuentes gubernamentales, a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, durante la cumbre de Davos.
Además de en materia de pensiones, hay diferencias respecto a la planificación financiera a medio plazo.
Al firmar en agosto del año pasado el tercer rescate por un total de 86.000 millones de euros, el Gobierno se comprometió a alcanzar en 2018 un superávit primario del 3,5 % del producto interior bruto (PIB) y un 0,5 % en 2016.
Los acreedores ponen en duda el ahorro previsto este año en los presupuestos generales del Estado, de 1.200 millones de euros.
Atenas quiere argumentar que en 2015 se ha logrado obtener un "colchón" gracias a que el Estado logró un superávit primario del 0,4 % del PIB cuando el compromiso firmado con los acreedores preveía un déficit del 0,25 %.
Otro de los puntos más peliagudos de la negociación afecta a la cartera de préstamos en mora de la banca griega.
En diciembre, el Parlamento aprobó una ley que permite vender a fondos privados (los denominados fondos buitre) las carteras de créditos impagados de grandes empresas -con una plantilla superior a 250 empleados y una facturación de más de 50 millones de euros- así como las de viviendas secundarias.
Dejó, sin embargo, para febrero la legislación de los créditos no pagados de las pymes, de consumo y de todas aquellas viviendas habituales que no están protegidas frente al desahucio.
La venta de deudas a fondos buitre es uno de los puntos que en verano pasado todavía había constituido una de las "líneas rojas" del Gobierno, en las que finalmente tuvo que ceder.
Entre los temas que previsiblemente también se presentan difíciles figura el de las privatización de las compañías energéticas.
