El Senado mexicano aprobó hoy casi por unanimidad la reforma constitucional que crea un Sistema Nacional Anticorrupción cuyo fin es prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción y fortalecer el control de los recursos públicos.
En una sesión en la que todavía faltan por discutirse las reservas formuladas por algunos legisladores, un total de 97 senadores votaron en favor de este sistema, mientras ocho votaron en contra y dos se abstuvieron.
Entre las principales reservas está la demanda de que se plantee la eliminación del fuero que tienen los servidores públicos, incluido el presidente.
La Cámara de Diputados aprobó el 26 de febrero la reforma constitucional, que contempla llevar a cabo un resideño institucional para responder a la "demanda social de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el eficiente uso de los recursos públicos", según la minuta aprobada.
En una sesión maratoniana que dura ya siete horas sin que haya terminado aún y en la que expusieron sus posiciones decenas de senadores, fue aprobada esta reforma que contempla la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El Sistema Nacional Anticorrupción fue propuesto a fines de 2014 por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, después de afrontar un escándalo por la revelación de que su esposa, Angélica Rivera, había encargado a un contratista del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital.
El nuevo mecanismo forma parte de una serie de nuevas medidas cuyo fin último es evitar abusos de poder en cargos públicos y, a la vez, mejorar la imagen pública de la clase política.
Una vez que sea aprobada definitivamente en el Senado, lo que se espera ocurra en las próximas horas, la reforma será remitida a los Congresos locales para su votación debido a que implica cambios en la Constitución.
En su presentación de la iniciativa, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que "en la transformación de nuestro país ya no caben la corrupción, la impunidad, la opacidad y el tráfico de influencias".
"La ciudadanía hoy exige un hasta aquí a la corrupción que, sin lugar a dudas, es la mayor causa de desigualdad y de exclusión en nuestro país", abundó.
Explicó que el Sistema contará con un Comité Coordinador que va a diseñar y promover en todo el país políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, así como de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Entre las voces discrepantes destacó la de Manuel Bartlett, del izquierdista Partido del Trabajo (PT), quien aseguró que el Sistema es "una simulación" y que no estudia las causas de la corrupción, ni estipula nuevos delitos.
"Este sistema no va a resolver el problema. No lo va a resolver. Es simplemente una simulación que sale hoy, en estas fechas, electoralmente", aseguró.
Al emitir el posicionamiento del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres dijo que "con la aprobación de esta minuta no resolvemos en su totalidad el problema, pero abrimos el cauce para construir un entramado jurídico robusto que cambie la endeble forma de combate a la corrupción".
Explicó que entre los temas pendientes está la definición de las facultades de la Fiscalía General de la República.
Además, sostuvo, es necesario revisar y replantear la figura del fuero que tienen los servidores públicos, previsto en el artículo 110 de la Constitución, además de revisar el artículo 108 respecto de las causas graves por las cuales puede ser juzgado cualquier presidente de la República.
De acuerdo con una encuesta del diario Reforma divulgada a finales de marzo pasado, el 54 % de los mexicanos creen que el nuevo Sistema no será útil para combatir la corrupción, una opinión que comparten algunas organizaciones civiles.
Según la organización Transparencia Mexicana, el costo que representa la corrupción para el país oscila entre el 2 y el 8 % del Producto Interior Bruto (PIB).
