El pleno del Senado debatirá esta semana la toma en consideración de una proposición de ley de modificación de la Ley de Memoria Histórica, presentada por el Grupo Mixto, para que sea el Estado quien indague sobre el paradero de las víctimas y asuma las exhumaciones de las fosas. 

La proposición de ley la defenderá ante el pleno el senador del PSM-Entesa Pere Sampol, quien argumenta en su petición que “evidente que las administraciones públicas no pueden reducir su papel” en las exhumaciones “a meros colaboradores con los particulares para la localización e identificación de las víctimas”. 

“Si el Estado fue responsable de los crímenes, corresponde al Estado su reparación, en la medida que esta sea posible”, añade la proposición de ley que modifica tres artículos de la Ley de Memoria Histórica (11,12 y 13). 

En su argumentación, afirma que no se ha dotado a los familiares de las víctimas de instrumentos legales eficaces para hacer realidad “su principal anhelo”: encontrar sus restos y “darles una sepultura digna”. 

“De todas las expectativas generadas” por la Ley de Memoria Histórica –añade la proposición– “ésta era la más significativa, la más deseada, la más digna de justicia y compasión”. 

Explica además que la complejidad de la localización de las fosas comunes, la identificación de los restos y su posible exhumación, hace imposible su realización a cargo de los familiares, por lo que considera que las instituciones del Estado deben responsabilizarse y facilitar la labor. 

La proposición plantea cambiar la Ley para que el Gobierno elabore en el plazo de tres meses un “plan de trabajo, indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior”. 

También estipula que el Ejecutivo ha de hacer, en el mismo plazo y en colaboración con todas las administraciones públicas, un “protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure, bajo su dirección, la colaboración institucional en la práctica de las exhumaciones”. 

Otra modificación obligaría al Gobierno a emprender “las tareas de prospección encaminadas a la localización de los restos de las víctimas” de acuerdo con la normativa de patrimonio histórico y el protocolo de actuación previamente aprobado. 

El Ejecutivo tendrá además que establecer “el procedimiento y las condiciones” para que los descendientes de las víctimas puedan recuperar los restos. 

Por último, el texto indica que en el caso de que los restos se encontraran en terrenos de titularidad privada, las administraciones competentes autorizarán la ocupación temporal de la zona, mientras que la ley actual estipula que se debe pedir permiso a los propietarios de los terrenos.