Así lo ha explicado su abogado Mikel Casas durante la presentación de las cuestiones previas al juicio, en la primera sesión de la vista oral del proceso en el que Juan José Ibarretxe y los dirigentes del PSE-EE Patxi López y Rodolfo Ares están acusados de haber actuado como “cooperadores necesarios” de un delito de desobediencia a la sentencia judicial que ilegaliza Batasuna y que supuestamente cometieron cinco representantes de la izquierda abertzale.
Al término de esta jornada, el tribunal compuesto por Manuel Díaz Rábago, José Antonio Subinas y Juan Carlos Benito-Butrón se ha retirado a deliberar sobre las cuestiones planteadas por las partes y darán conocer su decisión de seguir o no con la causa el lunes, día 11 de enero, a las 09.30 horas, cuando se retome la vista.
La fiscal del TSJPV, María Ángeles Montes, y los abogados defensores del resto de imputados han reclamado al tribunal que no celebre el juicio, pero el letrado del lehendakari pretende llegar hasta el final y demostrar públicamente que sus actuaciones estaban legitimadas y, por lo tanto, no se cometió delito alguno.
El abogado ha dicho que “la pena de banquillo que han soportado” el lehendakari y el resto de imputados en estos dos años y ocho meses desde que se inició el procedimiento es “más que suficiente para que intentemos y demostremos –ha afirmado– que nos asiste la razón” y por lo tanto, prefiere que se desarrolle el juicio para que haya una sentencia en que así se refleje.
Ibarretxe actuó de manera legítima con el objetivo de “dar un paso adelante en la búsqueda de la paz”, ha considerado Casas, quien ha señalado que no se puede impulsar un proceso penal contra el diálogo político y ha lamentado que los querellantes hayan planteado la disyuntiva de “o diálogo o cárcel”.
Según ha dicho, el lehendakari “hizo lo que tenía que hacer” como máximo responsable del País Vasco, ya que una resolución del Parlamento vasco le instaba a actuar para promover el diálogo encaminado a la normalización política y a que fuera “agente activo en la búsqueda de la paz”.
La abogada de los miembros de la izquierda abertzale, Jone Goirizelaia, se ha sumado a la petición de la fiscalía de una sentencia absolutoria inmediata para los imputados, y el letrado de los dirigentes del PSE-EE, Félix Rojo, ha pedido al tribunal que considere que un proceso penal no se sostiene únicamente con la acusación popular, y que declare nulas las actuaciones.
La acción popular, ejercida por el colectivo Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia, ha vuelto a reclamar penas que van desde los nueve meses hasta los cuatro años de prisión, por considerar que en los encuentros que mantuvieron en el año 2006 durante el alto el fuego de ETA las delegaciones de la izquierda abertzale con Ibarretxe y con los líderes del PSE se desobedeció la sentencia que ilegalizó a Batasuna.
Ésta es la primera vez que un lehendakari se ha tenido que sentar en el banquillo de los acusados, y además se da la circunstancia de que el juicio va a desarrollarse a las puertas de la campaña electoral vasca, en la que precisamente dos de los imputados en esta causa se enfrentarán en las urnas como candidatos a la presidencia del Gobierno Vasco por el PNV y el PSE-EE.
Ibarretxe, López y Ares llegaron al Palacio de Justicia de Bilbao arropados por sus familiares.
