El Gobierno acordó ayer solicitar a Venezuela la extradición del etarra Arturo Cubillas, deportado a ese país en 1989, para juzgarle en España por la causa en la que se investiga la relación entre ETA y las FARC colombianas y que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha señalado que Cubillas ha sido reclamado por distintos delitos de terrorismo en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

En concreto, Cubillas, residente en Venezuela y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo dependiente del Gobierno de Hugo Chávez, es reclamado por el juez por delitos de conspiración para cometer homicidios terroristas y de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada.

Velasco reclamó al Ejecutivo que iniciara los trámites para su extradición el pasado 20 de octubre, aunque le sugirió que antes reclamara al Gobierno venezolano que le retirara esa nacionalidad al entender que el embajador de Venezuela en España y la fiscal general de este país mostraron a la prensa al “voluntad del actual Gobierno venezolano de no acceder” a la entrega del etarra ante la imposibilidad de extraditar a nacionales venezolanos.

La revocación de la nacionalidad, que según el magistrado Cubillas adquirió “en fraude de ley”, está contemplada tanto en la Constitución de Venezuela como en el artículo 27 del convenio de extradición firmado con España en 1989, que establece que “los Gobiernos de ambas partes, a través de los órganos competentes, se prestarán asistencia recíproca para facilitar el cumplimiento de este tratado”.

Ayer, el Gobierno accedió a la primera de las cuestiones en base a los artículos 824 a 833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.