El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, anunció que Twitter ha abandonado el código voluntario contra la desinformación auspiciado por Bruselas pero advirtió de que la empresa dirigida por Elon Musk tendrá en cualquier caso que aplicar las nuevas normas de servicios digitales si quiere seguir operando en la UE.
"Puedes correr, pero no puedes esconderte. Más allá de los compromisos voluntarios, la lucha contra la desinformación será una obligación legal bajo la Ley de Servicios Digitales desde el 25 de agosto. Nuestros equipos estarán preparados para hacer que se cumpla", escribió Breton en sus redes sociales.
Este código de prácticas contra la desinformación, al que siguen adheridas empresas como Google, Meta o TikTok, incluye compromisos voluntarios para evitar que quienes diseminan información falsa puedan recibir ingresos por publicidad y para reforzar las medidas que tratan de impedir fenómenos como las cuentas falsas, las granjas de bots que amplifican mensajes engañosos o la suplantación de identidad.
Desde la compra de Twitter por Elon Musk el pasado mes de octubre por 44.000 millones de dólares, la plataforma ha dejado de advertir a sus usuarios sobre información potencialmente falsa difundida sobre la covid-19 y ha cambiado la funcionalidad del "check" azul de usuario verificado para convertirlo en un modelo de suscripción sin filtros y no para distinguir a perfiles relevantes con la identidad verificada.
Casi una veintena de grandes plataformas digitales con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE serán a partir del próximo 25 de agosto las primeras que tendrán que cumplir con los nuevos requisitos de transparencia sobre el contenido en internet y lucha contra la desinformación.
Si no lo hacen, Bruselas les podrá imponer una multa de hasta el 6 % de su facturación anual a nivel mundial.
Entre ellas figuran Twitter, TikTok, Instagram, Wikipedia, Facebook y diferentes servicios de Google, incluyendo su motor de búsqueda, funcionalidad de mapas y tienda de aplicaciones.
Estas empresas se enfrentarán a requisitos estrictos, como eliminar rápidamente los contenidos ilegales, garantizar que no se dirige a los menores publicidad personalizada y limitar la difusión de desinformación y contenidos nocivos como el ciberacoso.
