En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ha precisado que este envío de agua es el correspondiente al último trimestre del año y que beneficiará a 2,5 millones de habitantes en 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete.
Sobre el agua para riego, ha indicado que es para plantaciones leñosas, “cuya supervivencia hay que garantizar”.
A su juicio, la escasez de agua es un “problema que afecta a todos, sin excepción”, por lo que ha hecho un llamamiento “a todos” para seguir manteniendo “los hábitos de ahorro del agua”.
Según la referencia del Consejo, el Gobierno, tras escuchar los informes de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha aprobado ese trasvase para el trimestre octubre-noviembre-diciembre.
Se garantiza así el abastecimiento a la población atendida por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete) y a los municipios almerienses dependientes de la entidad pública Galasa, así como la supervivencia de las plantaciones leñosas.
La Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino fijará el calendario de los trasvases y quedan encomendadas a la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura la coordinación y la supervisión de los mismos.
Las reservas de los embalses de la Cabecera del Tajo se sitúan en torno a los 315 hectómetros cúbicos, volumen superior a los 240 hectómetros cúbicos límite, establecido por la Ley del Plan Hidrológico Nacional del año 2001, por debajo del cual está prohibido trasvasar agua para poder atender las necesidades de la cuenca del Tajo.
El Gobierno pide a la población que continúe con sus hábitos de ahorro, concienciación y sensibilidad frente a la delicada situación que se registra en las zonas en las que persisten las condiciones de sequía. El volumen autorizado a trasvasar para regadío durante el año hidrológico 2007-2008 ha supuesto el 20,5% de las necesidades derivadas para riego de la Ley 52/1980, según el Gobierno.
