El juez Eloy Velasco ha cursado ya las órdenes internacionales de detención contra varios miembros de ETA y de las FARC, procesados hace dos semanas por colaborar para atentar contra altos cargos colombianos tras apuntar indicios de cooperación entre el Gobierno de Venezuela y los dos grupos terroristas.

Así lo confirmaron ayer fuentes jurídicas, que precisaron que el magistrado de la Audiencia Nacional cursó la semana pasada órdenes de detención contra los seis presuntos etarras procesados, entre ellos Arturo Cubillas Fontan, que ha ocupado un cargo en el Gobierno venezolano de Hugo Chávez, y cinco de los siete miembros de las FARC procesados.

El motivo de no ordenar la detención internacional de los otros dos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, según han dicho las fuentes consultadas, se debe a que uno de ellos ha muerto –el juez levantará su procesamiento una vez que reciba la notificación oficial de su fallecimiento– y porque la única mujer procesada, Remedios García Albert, está en España.

En cualquier caso, las mismas fuentes han indicado que el proceso de extradición no comenzaría hasta que los procesados fueran detenidos en virtud de las órdenes cursadas por la Audiencia.

El pasado día 1 Velasco procesó a Cubillas y a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar por un delito de conspiración para cometer homicidios terroristas, mientras que a los presuntos etarras José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldua les imputó un delito de tenencia de explosivos, del que también acusó a Cubillas.

Por colaboración con organización terrorista procesó a José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio y a los miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Luciano Martín y Omar Arturo Zabala.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional procesó también por colaboración con banda armada a García Albert, que ya fue detenida el 26 de julio de 2008 y un día después quedó en libertad bajo fianza de 12.000 euros por orden del juez Baltasar Garzón, que la acusó de colaboración o posible integración en organización terrorista.

Para evitar que se dupliquen las actuaciones contra García Albert, Velasco pidió a su compañero una copia de las diligencias que éste tiene abiertas en su juzgado para ver si debe inhibirse o no a favor de él, por lo que, según han indicado las mismas fuentes, tiene previsto retrasar la toma de declaración indagatoria a esta procesada, fijada para el próximo 24 de marzo.

Velasco señala a Cubillas, que fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela como “responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC”.

El Ejecutivo español ha enviado al Gobierno de Cuba, además de al de Venezuela, una copia del auto de procesamiento del juez por sus sospechas de que los interlocutores que ETA tenía con las FARC estuvieran residiendo en la isla.

La investigación del magistrado le lleva a Cuba ya que Urtiaga Martínez, considerado el primer interlocutor con la guerrilla colombiana, estaría residiendo en la isla.