De los detenidos en la denominada operación Botellín contra la venta ilegal de anabolizantes, 42 fueron arrestados en Suecia y uno en Fuengirola, lugar desde donde operaba la red, que poseía en esta localidad malagueña la infraestructura suficiente para elaborar estas sustancias y posteriormente distribuirlas a través de empresas de paquetería.
Durante la operación, según informa la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, se llevaron a cabo numerosos registros en ambos países en los que se intervinieron, además de las dosis de sustancia dopante, dos millones y medio de euros en efectivo y más de 40 cuentas bancarias embargadas en Suecia.
Eurojust había informado de la posible existencia de un grupo organizado especializado en la distribución de estas sustancia, que operaba desde España, donde se proveía de sustancias ilegales y de material para elaborar los productos.
Desde nuestro país, además distribuía los anabolizantes a toda Europa, pero sobre todo a Suecia a través de varias empresas de paquetería.
El operativo policial desarrollado en España fue desarrollado por el Grupo de Consumo y Medio Ambiente de la Policía Nacional, una unidad especializada que tiene como misión investigar la fabricación, distribución y comercialización de sustancias nocivas para la salud.
En los últimos meses, tal y como recuerda la Policía, este grupo intervino anabolizantes, hormonas de crecimiento, pastillas adelgazantes, anestésicos o plantas para “purificar el cuerpo y el alma”.
También se han investigado y clausurado laboratorios clandestinos, mataderos de ganado o clínicas de estética ilegales.
Los agentes especializados en este tipo de delitos contra la salud pública investigan el tráfico de estas sustancias en colaboración con técnicos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, inspectores de Salud de las correspondientes Consejerías o autoridades contra el dopaje.
La Policía advierte de que el consumo de productos clandestinos, elaborados de forma ilegal y sin el control sanitario, puede ocasionar vómitos, depresión, alteraciones hormonales, diabetes, afectación cerebral, trastornos de erección, posibles tumores, epilepsia, infarto cerebral o de miocardio.
En el presente año han sido detenidas veintidós personas y otras siete han sido imputadas por estos delitos contra la salud pública, entre otras infracciones.
