Un total de 23 empresas se ha presentado para hacerse cargo de la ejecución del proyecto de defensa contra inundaciones del río Guadalhorce en Málaga capital, una actuación que ha priorizado la Junta de Andalucía, cuya inversión de 8,9 millones de euros, financiará al 100 por cien la Consejería de Agricultura y que supondrá la generación de más de 130 empleos directos. sí lo han informado desde el Gobierno andaluz. Esta actuación dotará de capacidad de desagüe al tramo actualmente encauzado del río Guadalhorce para la avenida de 500 años de periodo de retorno hasta que el Gobierno central construya el nuevo puente de la carretera MA-21 sobre el río.
Además, han precisado a través de un comunicado, permitirá que se reduzca en más de la mitad la superficie de inundabilidad actual para 500 años de periodo de retorno, pasando de las 1.011 hectáreas inundables actuales a las 427 hectáreas una vez ejecutada la misma.
Tras la reprogramación de fondos que ha tenido que llevar a cabo el Gobierno andaluz, debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Consejería de Agricultura, “ha priorizado esta actuación, dada la trascendencia que tiene este proyecto para la ciudad, puesto que resolverá los problemas de inundabilidad en la desembocadura del Guadalhorce que se evidencian en los mapas de riesgo de inundación recientemente actualizados”, han incidido.
Debido a esta situación de riesgo, la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma) ha elaborado el proyecto, que ha sido adaptado a los estándares de la Administración autonómica por parte de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Consejería para licitar su construcción.
Desarrollo Sostenible ha cerrado ya el plazo de presentación de ofertas y espera tener adjudicado el proyecto el próximo verano, de modo que las obras podrían iniciarse a lo largo de este mismo año. “La rapidez con la que ha actuado la consejería a la hora de preparar esta actuación se debe, en buena medida, a la información que ofrecen los mapas de peligrosidad y riesgo de la zona”, han destacado.
La actualización de dichos mapas, que se encuentran en información pública durante tres meses, viene obligada por la directiva europea de inundaciones.
