El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha vuelto a insistir en que no firmó resoluciones sabiendo que eran ilegales, que no se lucró indebidamente y que no negoció con constructores los convenios urbanísticos, además de reiterar que “nadie”, ni técnicos y ni notarios, le advirtió de irregularidades en lo aprobado. “No he cambiado mi discurso”, ha dicho, señalando a los once años que lleva cumpliendo condenas por estas causas judiciales.
Muñoz ha declarado este lunes en el juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga por supuestas irregularidades en adjudicaciones de obras, supuestamente realizadas “sin control” y directamente, utilizando dos sociedades instrumentales dependientes del Ayuntamiento; caso en el que está acusado junto a otros exresponsables municipales de Marbella y un empresario.
Según la acusación inicial del fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, Muñoz, junto a varios responsables municipales y el empresario acusado Alberto Piñana, “llegaron a un acuerdo para la adjudicación directa de obras municipales a Copasur en condiciones idóneas para perjudicar los intereses patrimoniales de Marbella”, utilizando dos sociedades municipales, que eran “un artificio” para dar “plena opacidad a la actividad municipal” y eludir la ley.
Muñoz ha asegurado no saber muy bien para qué servían esas dos sociedades municipales, una de gestión de contrataciones y otra de personal; apuntando que había 22 empresas de este tipo distintas. “Yo jamás tuve poder de decisión, ni nadie, en los temas de Marbella”, ha dicho, reiterando que “nunca” fue responsable de obras, área que llevaba directamente el exalcalde Jesús Gil.
“No estoy echando la culpa al muerto --en referencia al fallecido Jesús Gil--, pero yo no participé”, ha manifestado el exregidor, quien, aunque ha admitido que en este momento no sabía detalles concretos de las obras investigadas en esta causa, entendía que “no se cometió ninguna irregularidad por mi parte ni por nadie” y que todo se habría hecho “siguiendo el procedimiento” y según los técnicos.
Sobre el convenio de permuta de terrenos firmado con el empresario, ha reiterado que se fiaba de los funcionarios y que si ellos decían que algo no estaba bien no se aprobaba en comisión de gobierno. “Quién era yo para poner en cuestión a un técnico, en este caso el secretario”, que informó a favor del convenio, ha dicho, apuntando que el interventor, que informó en contra, “nunca” ponía reparos en la reunión sino con informes “a posteriori”.
Al respecto, ha asegurado que no miente: “No me he pasado once años en la cárcel para no decir ahora la verdad”; al tiempo que ha incidido en que “no hay notario que me haya advertido de ilegalidad en Marbella” y en que su único interés para firmar el convenio era que el empresario reanudara las obras que había paralizado por falta de pago, ya que estaban en periodo electoral.
Cabe recordar que las obras investigadas son una guardería en San Pedro, a un centro cívico, la finalización de las obras de un mercado, el acondicionamiento de una biblioteca, que inicialmente fue adjudicada a Fergocon --por lo que ya se instruyó otra causa judicial--, obras en un colegio, una plaza y una avenida.
De esta manera, el fiscal acusa a Muñoz por varios delitos continuados de prevaricación, de fraude en la contratación y de falsedad en documento oficial, solicitando la pena de seis años de prisión, multa e inhabilitación especial por un periodo de seis años.
