El Pleno municipal aprobó este jueves por unanimidad una iniciativa a través de la cual se pretende que tanto el Estado como la Junta de Andalucía incluyan en sus respectivos planes de viviendas la necesaria regeneración de la barriada de San Juan de Dios.
El Gobierno local ha estimado que el derribo de las actuales edificaciones y posterior construcción de los seis bloques que quedaron pendientes hace ya más de diez años supondría un coste de alrededor de 21 millones de euros, una cantidad inasumible para el Ayuntamiento.
La proposición fue defendida por la concejal de Ganemos Jerez Kika González, que advirtió de que ha llegado el momento de “dar visibilidad” a la situación de “infravivienda” que padecen los vecinos de San Juan de Dios.
No se contemplan ya actuaciones de “mantenimiento” o “rehabilitación” de los bloques, toda vez que se entiende que la única salida al problema pasa por su derribo, tal y como se hizo hace más de una década con la demolición de cuatro edificios.
En la sesión plenaria de enero de 2019 también se abordó esta cuestión, si bien entonces el Gobierno local estimaba en 11 millones de euros el dinero necesario para acometer estas obras.
Se da además la circunstancia de que el Ayuntamiento es propietario de 178 de las 360 viviendas que se distribuyen por los seis edificios pendientes de demolición.
Pero más allá del deterioro motivado por el paso del tiempo, el problema tiene su origen en la concepción de los propios edificios, ya que las viviendas son dúplex de 40 metros cuadrados de superficie distribuidos en dos plantas.
En la baja están el salón y la cocina y en la alta los dos dormitorios y el cuarto de baño.
Un informe de Cáritas advirtió hace ya un par de años de que el 39 por ciento de las viviendas de San Juan de Dios tenía entonces problemas estructurales como consecuencia de la mala calidad de la edificación, el incumplimiento de la normativa en el proceso de construcción y la falta de mantenimiento por parte de la administración pública.
En ese estudio se concluía que el 20 por ciento de las viviendas presenta un “elevado grado de deterioro o estado ruinoso”; el 40 por ciento tiene defectuosas las instalaciones de electricidad; y el 34 por ciento la del agua, con el peligro que ello entraña.
El paso del tiempo y la falta de actuaciones está agravando un problema que precisa de un fuerte desembolso económico únicamente asumible con la intervención de todas las administraciones públicas.
