La municipalización del servicio de ayuda a domicilio se convirtió en enero de este año en uno de los grandes logros del Gobierno local: “Con esta iniciativa se hace justicia y se da estabilidad a la situación de la plantilla, que lo ha pasado muy mal. A partir de ahora sólo tendréis que preocuparos de desempeñar bien vuestro trabajo y de atender a los usuarios que tanto os necesitan”. Así lo reivindicaba la propia alcaldesa, Mamen Sánchez, en la reunión en la que se anunció la decisión municipal.
Sin embargo, nueve meses después, la plantilla vuelve a hacer palpable su malestar por la situación en la que se encuentran. Asegura sentirse “decepcionada” con la actitud de Comujesa -la empresa municipal en la que fueron integrados- ante su falta de interés por negociar el convenio colectivo previsto.
Como recuerdan, para llevar a cabo la municipalización, el Ayuntamiento puso dos premisas: que el coste económico que asumía fuera sensiblemente inferior al coste que le suponía el servicio privatizado, y que la plantilla debía tener la jornada laboral que el personal del ayuntamiento. “A cambio, se negociaría un convenio de empresa que recogiera las características propias del servicio y revertiera en las condiciones laborales parte del ahorro que se produjera”, expone la presidenta del comité, Esther Hidalgo, en un comunicado.
Aquellas premisas se aceptaron, y en abril comenzaron a negociar el convenio; sin embargo, exponen que desde un inicio Comujesa no ha hecho más que poner “pegas”. “En un principio, por la forma en que se había pedido la creación de la mesa de negociación, y más tarde argumentando que desconocía los costes reales del servicio, cuando no argumentando que no tenían capacidad de decisión, no apareciendo el gerente no presentando una plataforma empresarial, cuestión ésta que ha hecho a finales del mes de agosto, aunque que no recoge ni por asomo las pretensiones de dignificación del servicio que se acordó con la remunicipalizacion”, exponen.
La plantilla tiene claro que el convenio que se está negociando debe ser en base a revertir parte del ahorro que el ayuntamiento ha experimentando desde enero, y para ello reclaman el propio interés de la alcaldesa y de la delegada de Acción Social, Carmen Collado, recordándoles sus propias palabras “cuando entendían perfectamente la situación de precariedad laboral y los derechos sociales tan escasos que el colectivo sufría y que harían lo imposible por revertir dicha situación”.
En este sentido, dicen tener la paciencia suficiente, “pero la paciencia no es infinita y pedimos que Comujesa y los representantes políticos hagan un ejercicio de responsabilidad y cumplan la palabra ofrecida para una negociación seria”.
De momento, el colectivo ya cuenta con el apoyo de Izquierda Unida, que ha lamentado que el Gobierno local “incumpla el compromiso de destinar un importante porcentaje del ahorro generado con la gestión directa a la dignificación del servicio y de las condiciones laborales de la plantilla”.
Así, Raúl Ruiz-Berdejo ha expuesto que “los procesos de municipalización hay que creérselos. La ayuda a domicilio no se municipalizó para que ellos se echaran la foto, sino para mejorar el servicio y dignificar las condiciones laborales de la plantilla. Ese es el compromiso que adquirió con nosotros”.
