Aunque las fuentes oficiales habituales se negaron en redondo a confirmar o desmentir la información, ni siquiera a comentarla, sí ha trascendido de fuentes no oficiales -que no ocultaron su malestar por lo sucedido- que se van a instrumentar las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir hechos semejantes: “no vamos a tolerar delitos, sería impensable”, indicaron las fuentes no autorizadas a las que tuvo acceso este diario.
Responsables policiales tuvieron conocimiento aproximadamente a las 8.00 horas de la mañana de ayer de que había un problema para la extracción de armas de determinados armeros individuales de los agentes, por lo que se ha abierto una investigación formal.
El hecho, según las fuentes consultadas, entraña un peligro potencial. Por un lado, la cuestión de que son policías locales los que han boicoteado los armeros de sus propios compañeros. De otro, que ellos mismos sufren un problema de seguridad, no sólo en cuanto al acceso a las armas reglamentarias, sino también al potencial uso preventivo y protector para el ciudadano, en circunstancias que lo requiriesen, que pudieran hacer de ellas.
Inconcebible
“Esto es inconcebible. El hecho es delictivo, tiene pena de cárcel y es injustificable bajo cualquiera de los conceptos”, manifestó un agente policial que no quiso ser identificado.
Se trata pues de un incumplimiento disciplinario grave que está siendo investigado y que podría tener repercusiones incluso bajo el aspecto penal, dadas las circunstancias.
De otro lado, el incidente se suma a un reiterado incumplimiento por parte de al menos cinco agentes de la Policía Local en cuanto al control de armas de fuego.
Expedientes
En efecto, los policías locales están obligados a depositar las armas reglamentarias en los correspondientes armeros habilitados en la Jefatura de la Policía Local, una vez concluido el servicio. En este caso, los policías harían caso omiso a las normas que deben respetar escrupulosamente y mantendrían las armas en su poder una vez concluidos los servicios correspondientes. Al menos se han abierto oficialmente hasta cinco expedientes por estos hechos, lo que según las fuentes no oficiales consultadas -hay que insistir en que las oficiales se han negado siquiera a comentar el asunto a instancias de este diario- se estaría produciendo un caso de “relajación total” por parte de determinados agentes en cuanto al control de armas, hecho que no estaría siendo pasado desapercibido por sus superiores.
¿Falta de profesionalidad? ¿Miedo? ¿Presiones por parte de algunos miembros de la Policía Local afiliados y con cargo en las centrales sindicales representativas? El hecho es que existe un gran malestar en el Cuerpo y que los policías implicados, a uno y otro lado de la balanza, lo pasan mal, teniendo en cuenta las presiones que existen y que son reales.
La cuestión sindical no es baladí y no debe ser obviada, aun cuando no hay pruebas de que haya conexión alguna con los hechos anteriormente relatados. En efecto, recientemente se firmó el convenio del sector, si bien algunas fuentes consultadas indican que la negociación no habría dado los frutos finalmente esperados en el plano sindical y que en estos momentos se tratara de acordar determinados aspectos que quedaron fuera del convenio.
Finalmente, un hecho concreto es que la cuestión de los armeros costó a los contribuyentes del orden de 30.000 euros (cinco millones de las antiguas pesetas).
