Más de una semana después de que el Ayuntamiento con los votos de CGT y SIP alcanzara un “principio de acuerdo” del bloque económico del convenio colectivo, la controversia en torno a este nuevo frente sigue coleando. Después de que la Asociación de los Técnicos Municipales del Ayuntamiento, ATMJ, anunciara que impugnaría el convenio al ver indicios de ilegalidad, y reprochara al Ayuntamiento que se plegara a los intereses de CGT y SIP, respaldando la propuesta de los primeros, han sido estos mismos los que han defendido su posicionamiento. A juzgar por las reacciones de ambos, parece que la batalla está servida y es cosa de dos -CGT y ATMJ-. Los primeros tienen claro el porqué de tanto malestar de “la élite” del Ayuntamiento.
“El problema fue que a la élite le cortaron las alas, lo que vemos bien, ya que algunos cobraban sueldos de hasta 120.000 euros y entonces empezó la guerra”, aseguró Antonio Saborido, delegado de CGT, para referirse al proceso por el que el Gobierno local prescindió del Complemento Personal Transitorio, con el que una buena parte de la plantilla dejaba de ser mileurista. Fue ahí cuando llegó el compromiso del Gobierno local de “reponer” este agravio para los que percibieran entre 20.000 y 25.000 euros. La ATMJ entendió entonces que esa reposición tenía que ser para toda la plantilla, habida cuenta de los perjuicios de la RPT y que, en mayor medida, se dio en el colectivo de los técnicos.
“CGT no se podía quedar al margen, nos movimos porque el gobierno mete la mano en los bolsillos de los que menos cobran y hay trabajadores que pasan mucha necesidad. Nosotros nunca vamos a ir con los sindicatos oficialistas , que son los que se reparten las subvenciones”, señaló Pepe Verjel, portavoz de la sección de CGT. Eso sí, avisaron de que aunque “la élite no recuperará sus privilegios” porque “jamás lo vamos a consentir”, su propuesta, como detalló Ismael García, es que un montante que se va a dejar de percibir se reparta equitativamente entre los 341 técnicos “sin ninguna diferenciación”.
Por su parte, la ATMJ (Agrupacion de Técnicos Municipales) lamenta que el Gobierno Municipal permita que se apruebe un principio de acuerdo económico del nuevo convenio "basado en la discriminación y arbitrariedad" entre los empleados municipales, donde el colectivo de administrativos y el de los técnicos serán los principales perjudicados. Acuerdo, al que, sostienen no se han adherido el resto de secciones sindicales como UGT y CCOO que junto a AMTJ representan al 53 % de toda la plantilla laboral del Ayuntamiento, aprobado además en una mesa de negociación que ha sido impugnada por este sindicato, al considerar que no tiene potestad reglamentaria para ello.
Según la ATMJ, con la propuesta presentada por CGT y aceptada por el Gobierno Municipal no se va a compensar a todos los empleados municipales que han visto reducidas sus retribuciones por la RPT y eliminación de pluses de convenio, tan solo los empleados con ingresos brutos anuales inferiores a 25.000 Euros verán restituidos sus salarios a su estado original medida, por tanto, arbitraria, discriminatoria e ilegal, que ya el Interventor Municipal informó en contra.
Es decir, aquel empleado (administrativo, vigilante, personal de oficio, etc.) que contaba con una retribución de 24.500 € antes de la RPT y que consecuencia de su entrada en vigor pasó a ser 20.000 €, volverá a recuperar íntegramente su poder adquisitivo.
Además, entienden que esta medida agrava aún más los defectos de la RPT, ya que los empleados del Grupo E (operarios, ordenanzas..) van a pasar a cobrar lo mismo que la mayoría de empleados del Grupo C2 (auxiliares admvos )y que buena parte de los del Grupo C1 (administrativos ) y el colectivo de arquitectos, médicos, psicólogos, ingenieros, asesores jurídicos, licenciados y graduados en general sólo van a percibir 500 euros más que los del Grupo E (operarios ), pudiéndose dar el caso que con los pluses que se pretenden reactivar, los de este Grupo profesional lleguen a cobrar por encima de los empleados C2, C1, A2 y A1, al igual que actualmente viene ocurriendo con la policía local. Con la propuesta económica de CGT, consentida por Gobierno, las retribuciones anuales de un arquitecto o un licenciado en derecho (A1) será 32.700 €, las de un arquitecto técnico 32.300 € (A2), o la de un técnico medio de gestión (A2) 29.000 €, mientras que la de un Policía Local de Servicio o de Segunda Actividad (C1) 31.000 € (eso sin contar las compensaciones que perciben por eventos, y por compra de libranzas y futuras productividades), las de un auxiliar administrativo, administrativos, operarios o un conductor de vehículos 25.000 €. (esto sin contar con los pluses que percibirán).
Por este motivo la ATMJ viene reclamando que el complemento específico de los técnicos sea cómo mínimo el máximo del Grupo C1 (390 puntos) y que la compensación por pérdida retributiva sea para todos los empleados sin discriminación alguna, lo cual no es cierto que provoque los importes retributivos que la CGT dice, les pedimos que antes de hacer manifestaciones miren los números y los datos de nuestra propuesta.
La ATMJ recuerda al Gobierno Municipal, así como a la CGT y SIP, que todas las decisiones que hasta ahora se han llevado a cabo, incluida la RPT, el colectivo de los técnicos ha sido el más desfavorecido, de forma que del total de la plantilla que ha visto reducida sus retribuciones, es decir un 34 %, un 28 % corresponde a los A1 y A2.
Asimismo, la ATMJ recrimina a la CGT que "ahora venga de salvador de los técnicos municipale"s ofreciéndole en su propuesta las "migajas", "insultándonos a la inteligencia" con una mejora voluntaria de 150 €/mensual, cuando solo con la eliminación de pluses de convenio (plus de pantalla, plus de transporte, plus de absentismo) han dejado de percibir más de 350 €/mes, pluses que sí recuperarán el resto de empleados municipales.
Es por ello, que la ATMJ considera que de aprobarse el nuevo convenio, producirá una discriminación absoluta sobre el personal de este Ayuntamiento, resultando totalmente arbitrario e ilegal, por lo que está agrupación se verá obligada a impugnarlo ante los tribunales, caso de no producirse su rectificación.
