Así lo explicó ayer en rueda de prensa el delegado municipal de Hacienda, Luis Ángel Fernández, quien acusó a la Junta de “persecución política”, “sectarismo”, “discriminación” y “mala fe”, al asegurar que reclama dichas cantidades después de producirse el cambio de Gobierno de PSOE a PP en el municipio, en un “castigo a los ciudadanos de Algeciras” por no votar al PSOE.
Campo de fútbol
En concreto, hizo referencia a una subvención de 246.429 euros recibida por el Ayuntamiento el 30 de noviembre de 2007 para la construcción de un campo de fútbol, de quien Fernández aseguró no tener conocimiento ni de su ubicación, ni de los detalles del proyecto, ya que no se llegó ni a redactar.
El edil explicó que el gasto de la infraestructura se asumiría en una mitad del total por el Ayuntamiento y la otra mitad por la Junta. Sin embargo, al no llevarse a cabo y gastarse el dinero, el Consistorio volvió a reclamar subvención a través de un nuevo convenio que se firmó el 15 de abril de 2010, después del cual el Ayuntamiento pagó 100.000 euros, por lo que cantidad final que se adeuda a la Junta es de 146.429 euros.
Velódromo
Por otro lado, la Junta reclama también la cantidad de 208.250 euros pertenecientes a la subvención que se entregó al Consistorio para la construcción de un velódromo en San Bernabé y una sala multiusos en El Rinconcillo, tampoco ejecutadas y cuyo dinero se desvió a otros gastos.
También en este caso, al gastar la subvención sin iniciar el proyecto, Ayuntamiento y Junta renovaron el convenio el 4 de febrero de 2009, asumiendo cada institución la mitad de dichas inversiones, que nunca llegaron a iniciarse.
Ahora, en sendos documentos de 19 de septiembre y 7 de octubre de 2011, la Administración autonómica pide al equipo de Gobierno que pague dichas cantidades, bajo amenaza de retenerlas de la Participación de los Ingresos de las Comunidades Autónomas (PICA).
Luis Ángel Fernández lamentó que “la Junta quiere ahora cobrar todas las subvenciones de lo que no ha hecho el anterior equipo de Gobierno”, criticando que “es injusto, porque al Ayuntamiento le debe la Ley de Dependencia y el IBI, y yo no le puedo retener ninguna cantidad”.
