Este jueves, CGT Andalucía llevó a cabo una protesta ante diferentes sedes de los juzgados de los social, entre ellas la de Jerez, por la situación de “indefensión jurídica de la clase trabajadora derivada de la caótica situación de la jurisdicción social en Andalucía”, todo ello en torno a la conmemoración del día mundial por la justicia social el 20 de febrero.
Los manifestantes elevaron la voz en defensa del servicio público judicial social denunciando que “Justicia lenta no es Justicia”. Una situación que, según denunciaron, “beneficia, y de qué modo, a las empresas y patronales incumplidoras de la legalidad dejando en indefensión jurídica y violandose el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la sufrida clase trabajadora andaluza”.
Esta acción sindical de calle, argumentan, “se hace más necesaria que nunca ante la ineficacia de la justicia social, que se va apagando cada día un poquito más”. La última manifestación de este “fenómeno” lo encuentran en los señalamientos de juicios a años vista: “Son comunes las citaciones para el año 2028 por despidos, prestaciones, incapacidades, vulneración derechos derechos fundamentales, sanciones, modificaciones de condiciones de trabajo, reclamaciones de derechos o cantidad…”, criticaban ayer en la protesta.
Desde el sindicato apuntan que mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) establece plazos de días, "el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más infrecuente encontrar alguna causa judicial que se pueda resolver en el plazo legalmente establecido, siendo lo habitual que siempre se cuente por demasiados meses y años. La justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social".
En Andalucía, los Juzgados de lo Social, denuncian, "no están al borde del colapso, están colapsados demostrando absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etc. Es inaceptable que en 2025, pleno siglo XXI, se sigan acumulando toneladas de folios en pasillos de sedes inadecuadas y aceptando retrasos quinquenales, que los juzgados no estén adaptados a las nuevas tecnologías y sobre todo, que no se disponga de medios materiales ni humanos para atender este servicio público esencial".
Por todo ello, exigen el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponen, entre otras medidas, el aumento del número de Juzgados de lo Social en toda Andalucía, implantar Juzgados de lo Social de Ejecución, agilizar el sistema de notificaciones a las demandadas, y modificar la LRJS y la LISOS aumentando las indemnizaciones a las personas trabajadoras y las sanciones a las empresas incumplidoras
