La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas que presuntamente habían creado una empresa ficticia con el fin de defraudar a la Seguridad Social.
La cantidad que se reclama entre lo defraudado y la sanción supera los 114.500 euros.
Según ha informado este miércoles el referido cuerpo, las investigaciones se iniciaron como consecuencia de un informe realizado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Jaén que fue remitido a la UDEV, dentro de la colaboración existente entre los Ministerios de Interior y de Empleo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude.
En él se sospechaba sobre la existencia de una "empresa ficticia" que supuestamente se dedicaba a la grabación de sonido y edición musical ubicada en la localidad de Campillo de Arenas (Jaén), en la que cuatro personas "simulaban una relación laboral" con ella.
Los investigadores comprobaron que la dirección registrada de la supuesta compañía era un domicilio familiar "donde no se efectuaba ningún tipo de actividad laboral". También constataron la existencia de dos empresas más, una supuestamente dedicada a cimentaciones y pilotajes y la otra de reparación de muebles y artículos de menaje, ambas con deudas a la Seguridad Social.
Los agentes determinaron que, presuntamente, no había existido actividad alguna por lo que no fueron necesarias las contrataciones de las supuestas trabajadoras, madre, hermanas y ex novia del falso empresario. Así, señalaron que "los contratos eran simulados e inexistentes al no existir objeto ni causa que los justificase" y tenían "la única finalidad de, presuntamente, defraudar el sistema público de protección social, obteniendo beneficio de prestaciones por desempleo que no les correspondían".
"Tanto el ficticio empresario como las supuestas trabajadoras, actuaban en connivencia, abonando éstas el cincuenta por ciento de los obtenido al cerebro de la trama", ha explicado la Policía Nacional, que localizó y detuvo a los implicados, tres de ellos en Jaén y el cuarto en la localidad granadina de Santa Fe, como autores de la presunta comisión de los delitos de falsedad documental, estafa y fraude a la Seguridad Social.
Las investigaciones, que están efectuando agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial, continúan y se está analizando la documentación facilitada por la Inspección de Trabajo para conocer el perjuicio real causado a las arcas públicas.
Igualmente, tratan de determinar los beneficios que tanto el ficticio empresario como cada una de las supuestas trabajadoras hubieron podido obtener de la actividad ilícita desarrollada con estas presuntas contrataciones laborales falsas que "por el momento arrojan un saldo a favor de la Seguridad Social de más de 114.000 euros".
