Andalucía

Díaz urge a la Justicia a \"actuar\" para que sus responsables \"lo paguen cuanto antes\"

Díaz ha señalado que \"cuando la gente se salta la ley pasan estas cosas y lo que tiene que hacer la Justicia es actuar\" y ha defendido que \"lo positivo es que se detecte, se actúe y que lo pagen cuanto antes, en este y en todos los casos\"

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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha urgido este miércoles a la Justicia "actuar" ante la denominada operación 'Enredadera', tercera fase de la operación 'Madeja' en la que la juez Mercedes Alaya investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos, para que sus responsables "lo paguen cuanto antes".

   A preguntas de los periodistas en Sevilla durante una visita a un centro de participación activa de mayores en el Casco Antiguo, Díaz ha señalado que "cuando la gente se salta la ley pasan estas cosas y lo que tiene que hacer la Justicia es actuar" y ha defendido que "lo positivo es que se detecte, se actúe y que lo pagen cuanto antes, en este y en todos los casos".

   Con carácter general, la jefa del Ejecutivo andaluz ha defendido la necesidad de "tener mucha transparencia", que ha calificado como "el mejor antídoto y la mejor lejía", y se ha mostrado convencida de que "cuanto más luz haya en los contratos, subvenciones y ayudas que tengan las instituciones va a ser mucho más difícil ese tipo de actuaciones".

   La operación 'Enredadera' desarrollada este martes por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se saldó con la detención de 32 personas en 13 provincias españolas. 23 de los detenidos se registraron en Andalucía, en concreto once en Sevilla, cuatro en Córdoba, tres en Jaén y Huelva y una en Cádiz y Granada.

   La operación afectó a las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, donde se practicaron además una decena de registros en empresas y domicilios. A los 32 detenidos, en su mayoría funcionarios públicos, se les atribuyen presuntos delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública y organización criminal.

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