El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, considera que la denominada operación 'Enredadera', tercera fase de la operación 'Madeja' en la que la juez Mercedes Alaya investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos, "debe estar en manos de la Audiencia Nacional" al investigar hechos registrados "en distintas provincias y comunidades autónomas".
Así lo ha defendido este miércoles en declaraciones a los periodistas en Córdoba al ser preguntado por la operación desarrollada este martes por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con la detención de 32 personas en 13 provincias españolas. 23 de los detenidos se registraron en Andalucía, en concreto once en Sevilla, cuatro en Córdoba, tres en Jaén y Huelva y una en Cádiz y Granada.
"Conozco poco el asunto, tengo la noticia que hay en prensa, pero desde luego parece que debe ser competencia de la Audiencia Nacional visto que se han producido hechos no sólo en distintas ciudades, sino en distintas provincias y comunidades autónomas", ha señalado De Llera, que ha indicado que "eso ley en la mano parece indicar que debe estar en manos de la Audiencia Nacional y debe remitirse a un Juzgado Central de Instrucción".
Los agentes de la UCO han desarrollado esta operación en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, y han practicado además una decena de registros en empresas y domicilios de las citadas provincias.
De este modo, la Guardia Civil ha detenido a 32 personas, en mayoría funcionarios públicos, como presuntas autoras de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública y organización criminal.
Este operativo es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de los terrenos de Mercasevilla, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño.
Del informe patrimonial realizado sobre Castaño y su esposa, ambos imputados en la causa, los agentes dedujeron que había recibido de Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, "múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza --dinero o vehículos--, lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de Fitonovo".
