El coordinador provincial de IU en Huelva, Pedro Jiménez, ha señalado este martes que espera que la Fiscalía General del Estado determine posibles responsabilidades de Ercros por supuestas filtraciones contaminantes.
Todo ello después de que la Fiscalía General del Estado -Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo- haya abierto una investigación penal a Ercros en relación a posibles filtraciones de elementos tóxicos a aguas subterráneas en distintas plantas, entre la que se encuentra la de Electroquímica Onubense, hasta 2015 propiedad de Ercros, ubicada en Palos de la Frontera (Huelva).
Al respecto, en un comunicado, Jiménez ha considerado "muy importante" que la Fiscalía del Estado de Medio Ambiente se ponga a investigar con todos los medios a su alcance los hechos que esta formación denunció ante la Fiscalía Provincial el pasado mes de noviembre.
En este punto, ha asegurado que "la gravedad de estas posibles filtraciones contaminantes obliga a que la investigación se realice con todas las garantías y que se determine con claridad las presuntas responsabilidades en las que haya incurrido Ercros en su actividad".
"La provincia de Huelva ya ha sufrido una gran cantidad de episodios contaminantes", ha señalado el coordinador de IU, por lo que reclama "una política de tolerancia cero con estas actuaciones y que el peso de la Ley caiga sobre quienes hayan incurrido en presuntos y gravísimos delitos contra el medio ambiente".
Los presuntos hechos denunciados ocurrieron entre los años 2007 y 2013 y si se demuestra que se han producido emisiones y filtraciones contaminantes desde la planta de Ercros en Palos de la Frontera, se trataría, a su juicio, de "un nuevo atentado contra la salud de las personas y contra el medio ambiente de Huelva, que ha sido muy dañado, y que tendría que ser castigado con toda la severidad legal posible para que este tipo de agresiones a nuestro entorno no vuelvan a repetirse".
Además, el dirigente provincial de IU en Huelva ha abogado por la modificación de la ley para "endurecer las penas por delitos ecológicos y por daños al medio ambiente y a la salud de las personas, para que los jueces pudieran emitir sentencias condenatorias ejemplarizantes en todos aquellos casos en los que las grandes empresas cometen este tipo de delitos".
