La Policía ha desoído de momento, el sobreseimiento llevado a cabo por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva de la denuncia presentada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), contra empresas de Huelva dentro de las investigaciones que se siguen por supuestas irregularidades en el uso de las subvenciones en cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía.
Como adelantó Viva Huelva, el juzgado onubense ha emitido un auto con el sobreseimiento y el archivo después de las denuncias presentadas por la Policía y que afectaban a casi una treintena de empresas de la provincia de Huelva.
Sin embargo, el pasado día diez de julio, con posterioridad a la emisión del citado auto desestimatorio, agentes de la UDEF reclamaron a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, competente actualmente en materia formativa para el empleo, información relativa a más de una veintena de empresas, para continuar las investigaciones. Las peticiones se refieren a expedientes correspondientes a la convocatoria de 2010 que fue resuelta por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) un año después, en 2011.
Nuevas pesquisas
Fuentes de la Junta de Andalucía confirmaron a Viva Huelva, que además de esta reclamación formal por escrito, que está siendo atendida por la Delegación Provincial de Educación, hubo un segundo requerimiento por parte policial para reclamar celeridad en la entrega de la documentación solicitada. Sin embargo, esto parece complicado, ya que las mismas fuentes indicaron que los expedientes relativos a las subvenciones para cursos de educación requeridos, son muy extensos en cuanto al contenido, algunos, con miles de folios, y además han de ser preparados para que sean más comprensibles para los agentes, por lo que seguramente, las copias de la documentación no se podrán entregar hasta finales de agosto o principios de septiembre.
La Junta atiende, de esta manera, la petición policial, pese a no venir acompañada de un requerimiento judicial, y confía en el buen uso que se haga de la documentación que va a aportar en atención a que se cumpla con lo que dispone la legislación de protección de datos.
Reacciones empresariales
Por otra parte, empresarios onubenses mostraron ayer su “alivio” por la resolución del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva que decide el archivo de las diligencias porque “garantiza sus derechos” y porque demuestra que por la parte empresarial “se ha actuado con corrección”.
Sin embargo, también mostraron su “preocupación” por que una vez archivadas las denuncias policiales “se siga reclamando por la policía más información sin un mandato judicial”, ante lo cual también esperan “que se garanticen sus derechos”. En esta misma línea, las fuentes consultadas por Viva Huelva también mostraron su confianza por que una vez archivadas las denuncias, “la Junta de Andalucía sea máxima garante de sus derechos”.