El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva ha condenado, tras alcanzar una conformidad entre el Ministerio Fiscal, el condenado y su letrado defensor, al pago de más de 9.000 euros a un hombre, administrador y propietario de una finca rústica en Almonte, por llevar a cabo en la misma una poda de 130 pinos así como remoción de tierras y gradeo de vegetación para la construcción de diversas edificaciones realizando a su vez un cambio de uso prohibido por la legislación medioambiental vigente.
   Según reza en la sentencia, el magistrado califica los hechos como constitutivos de un delito de daños en bien propio de interés social en concurso de normas con un delito contra la ordenación del territorio.
   Por ello, decide imponer una multa de catorce meses con diez euros de cuota diaria al condenado y acuerda la sustitución de la pena de ocho meses de prisión por otra multa de 480 cuotas, a razón de diez euros cada una, con responsabilidad personal de ocho meses en caso de impago, lo que suma un total de 9.060 euros, así como la inhabilitación especial para el oficio de promotor inmobiliario por tiempo de un año, imponiéndole también las costas del juicio.
   Igualmente, el juez considera probado que esta persona instaló una casa de madera sobre piso de hormigón de 110 metros cuadrados e iniciado la construcción de una vivienda de 180 metros cuadrados y seis cuadras-boxes para caballos que ocupan 144 metros cuadrados.
   Desde 2007 a 2008 el condenado, a través de una sociedad, fue titular de una explotación ganadera con actividad en la finca reseñada y en 2010 el Ayuntamiento de Almonte admitió a trámite el proyecto de actuación para legalizar lo construido como vivienda unifamiliar ligada a uso ganadero, pero a día de hoy, según señala el juez, no consta aprobado definitivamente el citado proyecto.
   A su vez, en el apartado de responsabilidades civiles, el titular del juzgado procede acordar la demolición total o parcial de las construcciones descritas a cargo del condenado y previa elaboración de un proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que garantice la restauración total del espacio natural afectado por las citadas construcciones, y ello salvo que por el Ayuntamiento de Almonte se apruebe definitivamente el proyecto de actuación y se legalice por tanto lo construido.