El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirma sobre la Proposición de Ley de Regadíos para declarar nuevos suelos agrícolas regables con aguas superficiales en el entorno del Parque Nacional de Doñana que "sigo teniendo la esperanza de que todo haya sido un error de apreciación, un error de cálculo y que esto lleve a la reflexión de volver a la senda del cumplimiento con las obligaciones de un Estado de Derecho".
En declaraciones a Europa Press, Morán, ante la pregunta de si estima que la Junta de Andalucía busca un recurso judicial del Gobierno antes que retirar esa iniciativa parlamentaria que han presentado PP y Vox, considera que "para llegar a esa conclusión habría, de antemano, que suponer que el Gobierno de Andalucía estaría utilizando Doñana como un arma de confrontación y que lo prioritario para la Junta de Andalucía sería el debate político y lo secundario el propio Parque Nacional de Doñana".
Aboga por que "en la agenda de prioridades de la Junta de Andalucía sea el Parque Nacional de Doñana y no el rendimiento político que se le pueda sacar al Parque Nacional de Doñana".
"Como yo no quiero creer que eso sea así", sigue razonando el secretario de Estado de Medio Ambiente, "entiendo que se trata sencillamente de un error de cálculo por parte del Gobierno de Andalucía, de una apreciación errónea respecto a cuál es el alcance de una sentencia de los Tribunales de Justicia, en este caso del Tribunal Europeo de Justicia".
El secretario de Estado de Medio Ambiente, cuando se le pregunta sobre si tras la tormenta de la campaña electoral será un posible una reunión Junta de Andalucía-Estado para seguir hablando de esa Proposición de Ley, rememora la última reunión del Consejo de Participación de Doñana para apuntar que "se le trasladó a la Junta de Andalucía una petición que sigue estando vigente hoy", para explicar entonces que el ruego dirigido al Gobierno andaluz fue "que retirase esa iniciativa unilateral, que retornase a la senda del diálogo en el ámbito del Consejo de Participación", convencido de que "ése es el escenario en el cual yo creo que debe de desenvolverse cualquier decisión sobre el presente y el futuro de Doñana".
"No puede someterse al Consejo de Participación de Doñana a una hoja de ruta en la cual se ponen sobre la mesa decisiones unilaterales que prácticamente impiden cualquier posibilidad de diálogo", prosigue afirmando sobre el contenido de la iniciativa legislativa para propiciar que terrenos que se excluyeron como agrícolas en el Plan de Ordenación de Recursos de Doñana de 2014.
Sobre la falta de voluntad del Gobierno para acordar con la Junta de Andalucía, contrarresta esa afirmación para apuntar como ejemplos de colaboración estatal que "lo hemos demostrado con el impulso a la obra del túnel de San Silvestre, que ya está en estos momentos adjudicada", a lo que añade la Presa de Rules y sus canalizaciones o con "una inversión que llevaba años paralizada, que es la desaladora del Bajo Almanzora".
"Nuestra hoja de ruta es siempre la misma, sacar adelante, por razón de interés de la ciudadanía, inversiones, actuaciones que benefician al conjunto de la ciudadanía", dice el secretario de Estado, antes de precisar que "nunca hemos condicionado nuestras decisiones a cuál pueda ser el interés político de la contraparte en un momento determinado, de si quiere retrasar, anticipar, adelantar o rechazar".
Morán asegura que cuando el consenso no es posible "la decisión se adopta siempre sobre una base técnica y científica, y desde luego de alcance jurídico", antes de reclamar que "no se ponga en duda el compromiso del Gobierno con Andalucía".
Ante la pregunta de si Bruselas es un aliado del Gobierno de España o es un árbitro neutral en la pelea de Junta de Andalucía y Gobierno por Doñana, el secretario de Estado de Medio Ambiente responde que "la Comisión Europea tiene una obligación que es la misma en el conjunto de los países de la Unión Europea y es velar por la correcta aplicación de las directivas y reglamentos, que pasan a formar parte de nuestro ordenamiento legislativo", tarea a la que añade "velar por el cumplimiento estricto de las sentencias que el Tribunal Europeo de Justicia dicta".
"En ese sentido ni se puede considerar aliado de nadie ni enemigo de nadie", afirma, antes de plantear que "por eso nos ha extrañado en buena medida la reacción absolutamente inesperada que ha tenido el Gobierno de Andalucía respecto a las decisiones de la Comisión Europea", para apuntar que "es tanto como poner en cuestión las propias bases del Estado de Derecho en una región, que es Europa, de la cual formamos parte y respecto a la cual tenemos derechos, pero también obligaciones".
