La Comisión 1ª del Parlamento de Galicia ha aprobado una Proposición No de Ley presentada por el BNG para apoyar la tramitación y aprobación por el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley de bebés robados en España.
La propuesta, defendida por la diputada del BNG, Mercedes Queixas, ha sido aprobada por unanimidad en su primer punto. El segundo, referido a "defender que la tramitación se haga respetando el texto originalmente introducido y que no se desvirtúe con enmiendas que vayan contra el espíritu de la norma", ha sido rechazado por el grupo popular y ha recibido la abstención de los socialistas.
Los nacionalistas recalcan que la propuesta responde a una demanda "para defender los derechos humanos y la reparación y reconocimiento de padres y madres afectados, así como a las circunstancias del propio nacimiento".
En su intervención, la nacionalista ha señalado que, pese a no existir un número exacto de bebés robados, las diligencias de investigación emprendidas por la Fiscalía General del Estado hasta marzo de 2021, ascendían a 2.139.
"Lo que sí podemos afirmar es que una de las actuaciones de la represión fascista fue el robo de bebés, anulando su identidad biológica y entregados, sin consentimiento, a otras familias para cubrir el hueco de la falta de descendencia o con un mejor status. Esta entrega de bebés fue decidida por razones ideológicas, económicas o morales", ha esgrimido.
La diputada ha defendido que "es hora de poner fin a este trágico episodio inhumano de la historia española", caracterizado por la "impunidad de los responsables y por el dolor que acompaña el proceso de búsqueda, que se incrementa con el tiempo".
Queixas ha relatado que en 2018 se registró en el Congreso, admitida por unanimidad, la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español y, tras la disolución de las Cortes, registrada de nuevo en septiembre de 2020.
Ahora mismo se encuentra en trámite de enmiendas, lo que preocupa a los nacionalistas, que advierten de la última prórroga vence el 14 de diciembre. En esta línea, la diputada nacionalista ha recordado que en enero de 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU recomendó a España la "pronta adopción de la proposición, en la medida en que se ajusta a las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales y a las normas en derecho internacional de los derechos humanos".
Por su parte, el viceportavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos, ha considerado que es "de justicia" que se tomen medidas para investigar unos hechos que ha tachado de "gravísimos" y para posibilitar que las víctimas recuperen su identidad civil.
Ha instado además a mantener esta problemática, "especialmente sensible", alejada de "cualquier tentación de uso partidista".
"Lo que no podemos permitir es la pretensión del BNG de limitar la capacidad legislativa del Congreso, en el que reside la soberanía nacional, para modificar la proposición de ley", ha señalado Pazos, que ha recordado que "determinados aspectos relacionados con la sustracción de bebés ya fueron abordados en la Ley de Memoria Democrática, lo que obliga a replantear los contenidos de la propuesta que se tramita ahora".
"La simpatía con los planteamientos legales o ideológicos de determinados colectivos no puede usarse de coartada para limitar la capacidad de los legítimos representantes de los ciudadanos", ha insistido.
La portavoz del grupo socialista, Paloma Castro, ha justificado los retrasos en la legislación por la aparición de la Covid-19 y con el impacto también de la guerra de Ucrania. Pese a esto, ha apuntado, la producción legislativa ha sido muy extensa. "No es una excusa, sino una realidad", ha comentado.
Ha destacado además que se trata de una norma "muy compleja", que "implica a varios ministerios" y que supone también una "ralentización".
Con todo, matiza que no se está dejando "en suspenso" la tramitación y ha recordado que ya el grupo socialista ya solicitó al Senado la creación de una Ponencia de Estudio sobre el fenómeno de la sustracción de recién nacidos durante el franquismo.
Allí, ha explicado, se escuchará a los protagonistas y se redactarán una serie de recomendaciones que el Gobierno pueda poner en práctica. Tendrá tres objetivos: levantar la protección de datos, desclasificar los archivos para conocer la filiación biológica de los afectados y crear un banco de ADN y fomentar reuniones interfamiliares apoyados por un equipo de psicólogos.
"Aquí el derecho penal no es suficiente. Los afectados no solo reclaman el castigo legal para los responsables, que también, sino una reparación vital y una garantía de no repetición", ha defendido.
La ponencia, ha detallado, está ya constituida y se prevé que arranque en el mes de diciembre con testimonios de unas 20 personas. "La ponencia no es sustitutiva de una ley, sino que es complementaria y necesaria a la misma", ha apuntado.
