La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha anunciado en el Senado que va a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el listado de las 55 administraciones locales y autonómicas que no han contestado a los requerimientos de información realizados por la institución que preside, entre las que se encuentran seis ayuntamientos andaluces, la Consejería de Economía de la Junta y la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Concretamente, los ayuntamientos son Estepona, Mijas y Alhaurín el Grande en Málaga; Barbate y Sanlúcar, en Cádiz; y Almuñécar, en Granada.
"Hay administraciones que no responden ni por activa ni por pasiva", ha denunciado Becerril durante su comparecencia en la Cámara alta, donde ha recordado que están obligadas por ley y que más de medio centenar no han respondido al tercer requerimiento. "No tenemos poder, pero sí autoridad para ejercer la ley", ha aseverado.
Asimismo, ha indicado que incluso tras la tercera petición el personal de la Defensoría del Pueblo, "como último acto piadoso", ha realizado llamadas telefónicas a las instituciones y que, pese a esto, no han obtenido respuesta alguna.
