El PP ha exigido la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, o su cese por el presidente del Gobierno, por su "inacción" en la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tras ser denunciado en Bélgica por Carles Puigdemont y otros políticos catalanes fugados. Reclaman además al Ejecutivo que ofrezca disculpas públicas al magistrado.
Los portavoces del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado, Dolors Montserrat e Ignacio Cosidó, han anunciado además una interpelación a la ministra en el Senado sobre este asunto, tras la cual presentarán una moción para reprobar a la titular de Justicia si aún sigue en su puesto. Los 'populares' cuentan con mayoría absoluta en esta Cámara. Una propuesta similar se presentará después en el Congreso.
MOCIÓN PARA REPROBAR A LA MINISTRA DE JUSTICIA
Montserrat ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de ser "cómplice" del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y de haberse puesto en un principio "del lado de los demandantes" contra el juez Llarena. Ha asegurado que si después se ha producido una "rectificación" es por la presión social, de jueces y fiscales y del PP.
La portavoz parlamentaria ha insistido en que existe un "pacto oculto" entre el Gobierno y la Generalitat por el que los votos del independentismo apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno; hoy se ha preguntado además si ese pacto incluye no aplicar "nunca más" el artículo 155 de la Constitución.
EL 155 Y LA CONVIVENCIA
Dicho esto, la dirigente 'popular' ha vuelto a ofrecer la mayoría absoluta de su partido en el Senado para aprobar la activación de este artículo si fuera de nuevo necesario. La aplicación de este artículo permitió, ha defendido, "devolver la convivencia, la legalidad y la estabilidad" a Cataluña, que se han perdido tras 100 días de gobierno de Sánchez.
"Lo que está pasando es grave, se deteriora la convivencia porque ha vuelto Torra y en Moncloa gobierna Pedro Sánchez", ha añadido Montserrat.
La aprobación de medidas al amparo del 155 debe partir del Gobierno, que tiene primero que hacer un requerimiento al presidente de al Generalitat de que vuelva a la legalidad si se considera que ha dejado de atenerse a ella.
Es después cuando el Ejecutivo, si la negociación con la comunidad autónoma no da resultados, puede aprobar una serie de medidas de intervención y pedir el apoyo de la mayoría absoluta del Senado para aplicarlas.
