Decenas de funcionarios de prisiones han creado una plataforma que este viernes han presentado ante representantes del PSOE y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, a quienes han pedido apoyo en su crítica tanto por el "abandono" que dicen padecer de manos del Gobierno como por la "inacción sindical". Reclaman ser reconocidos como agentes de autoridad, promociones objetivas y transparencia en las subvenciones y cursos de formación.
La plataforma se llama Unidos Funcionarios de Prisiones y se define a sí misma como "un movimiento asindical y apolítico". En su manifiesto recuerdan su función social en el marco de la seguridad nacional y recuerdan las agresiones, amenazas e insultos a las que se enfrentan cada día.
"Lo más indignante y grave", dicen en este manifiesto, "es que toda esta situación es amparada y consentida por la falta de asistencia, ninguneo y humillación por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el Gobierno de España y los sindicatos del sector, sindicatos que se han mostrado completamente pasivos e inactivos".
Uno de sus objetivos es "acabar con el abandono y con el oscurantismo" que rodea a este colectivo, según ha explicado a Europa Press el portavoz de la plataforma, Rafael Lucas García, que cuestiona las subvenciones que la Administración concede regularmente a los sindicatos encargados de llevar a cabo los cursos de formación con los que, posteriormente, se valida la promoción interna en este colectivo.
También son críticos con otros fondos como los destinados, por ejemplo, a la seguridad privada que presta servicios en el perímetro de los centros penitenciarios. De hecho piden la eliminación de este servicio para que sea realizado exclusivamente por la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Según esta plataforma, su iniciativa cuenta ya con el respaldo de más de 3.000 funcionarios repartidos entre 40 cárceles españolas. El germen fue un grupo de la red de mensajería Telegram muy crítico con la gestión desde finales de 2011 del director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.
Los impulsores de Unidos Funcionarios Prisiones rebaten datos manejados por Yuste como que España cuenta con "uno de los mejores ratio de la historia" de funcionarios, con 2,19 internos por cada trabajador de prisión (23.649 trabajadores frente a una población reclusa de 51.793 internos).
"Nos preguntamos si el señor Yuste es consciente de que no todos los funcionarios trabajan a la vez ni todos lo hacen en el área de Interior, es decir, en contacto directo con los presos", señala al respecto Rafael Lucas García, jefe de Servicios del centro penitenciario de Daroca (Zaragoza).
En su comparecencia en el Congreso del pasado 27 de abril, el director general de Prisiones anunció la apertura de dos nuevos centros, el de Archidona-Málaga II y el de Ceuta, gracias a la incorporación de 645 nuevos funcionarios.
DIMISIÓN DEL DIRECTOR DE PRISIONES
Unidos cuestiona, sin embargo, la escasa oferta pública en los últimos cinco años, el envejecimiento de las plantillas (el 66% supera los 45 años) y que se tienen que enfrentar con escasos recursos a un aumento de las agresiones, concretamente a una media de dos al día, según sus cálculos.
Entre las 13 reivindicaciones incluidas en su manifiesto figura la petición de dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y de la Subdirectora de Recursos Humanos, Ana María Velasco, "por su nefasta gestión y sus continuas mentiras y desprecios".
Reclaman, además, su incorporación al protocolo de agresiones de la Administración General del Estado y ser reconocidos como agentes de autoridad en base a los artículos 550 y 551 del Código Penal, así como una formación continua impartida "por un verdadero Centro de Estudios Penitenciarios" y, por tanto, "sin intervención de ningún sindicato".
Los miembros de la plataforma son en su mayoría afiliados a sindicatos como ACAIP, APFP, UGT, CCOO o CSIF. Este viernes se han reunido en el Congreso con los diputados del PSOE Zaida Cantera y con el de Ciudadanos Miguel Gutiérrez. En su 'hoja de ruta' no figura convocar ninguna protesta sino mantener estos contactos con otros grupos políticos y continuar sumando adeptos. "Nos hemos cansados de esperar", resume Rafael Lucas García.
