Esta es la primera vez desde la firma de la Carta Democrática Interamericana en 2001 que los países miembros de la OEA deciden suspender a un Estado miembro, aunque existe un precedente anterior con la exclusión de Cuba en 1962.
Los países miembros del máximo organismo interamericano votaron a mano alzada a última hora del sábado la suspensión de Honduras, con 33 votos afirmativos y, por tanto, aprobaron la exclusión de ese país por unanimidad.
Para aprobar la suspensión hicieron falta dos tercios de los votos, es decir, al menos 24.
En su intervención ante la Asamblea, Zelaya insistió en que regresará a Honduras, de donde fue expulsado tras el golpe de Estado, para devolver la “paz” a su país. “Vuelvo (...) porque necesitan la paz en mi país”, indicó ante los presidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de Paraguay, Fernando Lugo, y los cancilleres del continente americano.
Zelaya advirtió de que el “régimen del terror está vivo” en Honduras y “está operando”, en referencia al Gobierno que surgió del golpe de Estado y que está encabezado por Roberto Micheletti, y a las “represiones” que tienen lugar en ese país.
El depuesto presidente dijo que rechaza enérgicamente el retorno de la fuerza por encima de la razón. “Si permitimos que una persona armada ultraje a un presidente, entonces qué hará en la calle”, se preguntó Zelaya, quien aseguró que Honduras lleva soportando “seis días de represiones continuas” y “el pueblo está sufriendo y está angustiado”.
"DIÄLOGO DE BUENA FE"
Por su parte, el Gobierno de Honduras propuso a los países de la OEA –horas después de la suspensión– un “diálogo de buena fe” para resolver la grave crisis política que vive el país.
El diálogo propuesto implica a representantes de “los poderes del Estado de Honduras y una delegación de representantes de estados miembros de la OEA junto con funcionarios de menor rango de la Secretaría General” de ese organismo, según una carta difundida por el nuevo Gobierno hondureño en rueda de prensa.
La carta, según se informó, fue enviada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, al representante de la entidad interamericana en Tegucigalpa, Jorge Miranda, y leída a través de radio y televisión por la vicecanciller hondureña, Marta Alvarado.
Según la carta, “una vez que las conversaciones alcancen el nivel apropiado, la Secretaría General elevaría el rango de su representación”.
Además, “mientras el diálogo de buena fe esté en curso, no han de producirse actos o situaciones que puedan poner en peligro la paz social de la República y comprometer el esfuerzo en las conversaciones”, puntualizó la nota.
