Las defensas de tres de los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia que hicieron un uso presuntamente fraudulento de su tarjeta 'black' han denunciado este jueves que la prueba pericial estrella de Bankia consistente en el desglose de los gastos que efectuaron los acusados con sus visas carece de legitimidad, está manipulada y genera tanta inseguridad jurídica que no puede ser pieza contra los acusados.
Así se ha expresado el letrado del exconsejero de la caja extinta Ramón Espinar, y José María de Pablo, letrado de Aberto Recarte y Jesús Pedroche, sobre este documento que a su juicio es un volcado de datos que no precisa información clave sobre las compras efectuadas además de que incluye duplicidades y cargos repetidos, como ya denunciaron los encausados en su declaración en el juicio.
El abogado de Espinar ha sido contundente al afirmar que durante el año 2000 "ninguno de los datos coincide; y así sucesivamente". Por ello ha dicho ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal que es "un motivo más" para que no se reconozca como prueba ante "la inseguridad y dudas que crea" y que es un documento "que no sirve para basar la acusación".
De Pablo, por su parte, se ha centrado en el contenido del desglose y ha resaltado que existen muchos cargos atribuidos a consejeros relacionados con la compra de instrumentos musicales. "Aquí en vez de un consejo de administración parece que tengamos una orquesta", ha ironizado restando validez a la prueba pericial que recoge los 12,5 millones de euros gastados entre 2003 y 2012 por los acusados.
"METER EN EL CONGELADOR LA VERSIÓN DE TERCEIRO"
Además y como ya hicieron los que le precedieron en el uso de la palabra, ha puesto el acento en las actas de creación de las tarjetas con fecha de 24 de mayo de 1988 y el documento firmado por el entonces secretario general de la caja, Ángel Montero --fallecido en el año 2000-- que a su juicio es la prueba clave en la que se informa sobre la naturaleza de las visas, entregadas, ha dicho, en concepto de compensación por el ejercicio de función de su consejero.
"Por lo tanto es de libre disposición y habilita a incorporar al patrimonio dichas cantidades" ha indicado el letrado que ha pedido "poner entre paréntesis y meter en el congelador" la versión del presidente entre 1988 y 1996 Jaime Terceiro, quien en calidad de testigo declaró que las tarjetas se entregaban sin número pin y su uso requería justificación de gastos.
DOCUMENTOS DE LAS TARJETAS
Esta defensa entregó al tribunal el mes pasado dos documentos de 1988 y 1992 que hacen referencia al contrato sobre las visas y que a su juicio se trata de una prueba que acredita que las 'black' se crearon no sólo con la finalidad de cubrir gastos de representación, sino que también tenían carácter remuneratorio. En las mismas se habla de que se facilitará a su beneficiaria el número pin para la extracción de metálico en cajero.
Por su parte, el letrado del que fuera presidente de la Asamblea de Madrid ha dicho que Bankia no puede decir que se enteró del presunto fraude de las visas en 2014 --año que comienza la instrucción del caso en la Audiencia Nacional-- porque dos años antes el exministro socialista Virgilio Zapatero, también acusado, devolvió el dinero gastado con su tarjeta, y por tanto la entidad que preside Ignacio Goirgolzarrí debería haber tenido conocimiento de la situación en ese momento.
Espinar es un de los acusados que también devolvió ante la cuenta asignada por el magistrado instructor Fernando Andreu lo dispuesto con su visa --178.399,95 euros--, motivo por el cual el Ministerio Público aplicó la atenuante de reparación del daño y le rebaja la petición de pena de cuatro a dos años de prisión.
Los letrados tampoco han pasado por alto lo expuesto por los letrados de Bankia y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la fase de conclusiones ya que ambos se presentaron como los damnificados por las cantidades gastadas con las visas. Ante ello, los abogados han insistido, como llevan haciendo durante todo el juicio, en que la entidad nacionalizada no está legitimada para ejercer la acusación particular.
El tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo se encarga de dirimir si los encausados incurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por el uso que hicieron con sus 'black'. El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, pide para ellos entre uno y medio y seis años de prisión.
