El Gobierno francés estudia una ley que regule el uso del burka, cinco años después de la que prohibió el velo islámico en los centros públicos, informó ayer el portavoz del Ejecutivo, Luc Chatel.

“Si se demuestra que el uso del burka es contrario a los principios republicanos, el Parlamento afrontará sus responsabilidades”, afirmó Chatel en la televisión pública France 2.

Señaló que “los signos de pertenencia religiosa deben ser voluntarios y no impuestos, sobre todo a las mujeres”.

Las declaraciones del portavoz del Ejecutivo se producen dos días después de que un grupo de unos 60 diputados de partidos diferentes pidiera una comisión de investigación sobre la proliferación del burka, el velo que cubre integralmente a las mujeres preconizado por ciertas prácticas islámicas integristas.

Desde que se lanzó esa petición, una polémica ha resucitado en Francia, similar a la que se produjo en 2004 a propósito del velo islámico y que desembocó en la creación de una ley que prohíbe el uso de cualquier signo religioso en los lugares públicos, con atención especial a la escuela.

Según diversos estudios, varios miles de mujeres portan en Francia el burka, que toma su nombre de la práctica afgana impuesta por los talibanes.

La iniciativa parlamentaria que pidió una comisión de investigación partió del diputado comunista André Gerin, que también es alcalde de Vénnissieux, un municipio situado en la órbita de Lyon, al sur del país, que se ha visto afectado por varios casos de fundamentalismo religioso.

El imán de la mezquita de esa ciudad fue expulsado a Argelia en 2004 tras haber defendido que la violencia contra las mujeres es conforme al Corán. La iniciativa de Gerin ha reabierto un debate entre los defensores de las libertades individuales y los que consideran que éstas pueden ser limitadas en nombre del laicismo.