El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la decisión del Tribunal Constitución (TC) de admitir a trámite el conflicto de competencia presentado por el Gobierno central contra la Consejería de Exteriores Catalana, y su consiguiente suspensión.
La suspensión es efectiva, no obstante, desde el día de la presentación del recurso, el pasado 9 de febrero. El TC decidió admitirlo a trámite el día 16.
Los preceptos impugnados son los artículos 1.1 y 3.3 apartados 1 y 2 del Decreto de la Generalitat de Cataluña 1/2016 de 13 de enero de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalitat de Cataluña, en lo relativo a la creación del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia.
Igualmente se revisará la constitucionalidad de la competencia por parte del Gobierno en relación con los artículos 1.1 b) y 20 de decreto de la Generalitat de Cataluña 45/2016 de 19 de enero, de estructuración de la citada Consejería de Exteriores.
El artículo 20 es el que regula las funciones de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, que tiene rango de secretaría general, y crea el llamado "Servicio de Gestión y Seguimiento de las Relaciones Exteriores adscrito a la Dirección General de Relaciones Exteriores".
Ese servicio, ahora suspendido, tiene las funciones de "gestionar la interlocución ordinaria con la Administración General del Estado de los asuntos relacionados con los asuntos exteriores" y efectuar el seguimiento de la acción exterior de los departamentos de la Generalidad.
También tiene que "elaborar propuestas de participación en las asociaciones y redes de cooperación territorial transfronterizas e interregionales", "dar apoyo a los eventos, reuniones y encuentros de asociaciones y redes de cooperación" y "mantener la interlocución con las delegaciones de naturaleza bilateral del Gobierno en el exterior", así como otra función similar que le sea encomendada.
Los magistrados del Constitucional han dado cuenta de su decisión al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y a la Generalitat, por conducto de su presidente, Carles Puigdemont, para que en el plazo de 20 días "aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes" antes de decidir si anulan la creación de departamento de Exteriores del Gobierno autonómico catalán, que ha incluido estas competencias dentro de su proceso de ruptura con España.
