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España

Citan como testigos en el caso de la CAN al presidente del Parlamento de Navarra

La juez considera que "el pago y cobro" de estas cantidades "podría constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión"

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La titular del juzgado de Instrucción número tres de Pamplona ha citado como testigos en relación con el 'caso CAN' al presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán; al consejero de Educación del Gobierno foral, José Iribas; y al secretario general del PSN, Roberto Jiménez, según informa el Tribunal Superior de Justicia.

También como testigos la juez ha citado al exconsejero del Ejecutivo foral y parlamentario de UPN Javier Caballero, al portavoz de UPN en la Cámara foral, Carlos García Adanero, y al parlamentario socialista Samuel Caro. Declararán el día 10 de mayo a partir de las 9 horas.

En la providencia, que puede ser recurrida, la titular del juzgado de Instrucción número 3 no se pronuncia sobre los tres imputados relacionados con el cobro de dietas de Caja Navarra, el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exconsejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo navarro Álvaro Miranda.

La juez pide además que agentes del Servicio de Criminalística y Equipo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil realicen una pericial a fin de determinar "la fecha de creación de los archivos informáticos que contienen las actas de las sesiones de reporte o

Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras".

La titular del juzgado solicita que se le informe "si consta que se haya efectuado alguna modificación de tales archivos y en tal caso la fecha de modificación, y en ambos casos si consta el usuario que los haya creado y/o modificado".

Cabe recordar que Miguel Sanz, Enrique Maya y Álvaro Miranda declararon como imputados ante la juez los días 12, 15 y 16 de abril. Los tres formaban parte de la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, un órgano en el que también participó Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, cargo aforado que sólo puede ser investigado por el Tribunal Supremo.

La juez que instruye el caso afirmó en un auto hecho público el 21 de marzo que el cobro de dietas en la entidad tenía "un sustento cuanto menos dudoso" y señalaba que "no existe una norma que regule la llamada 'Permanente' hasta que no es regulada de forma expresa en el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la entidad, aprobado el 24 de junio de 2011, cuando esas reuniones venían celebrándose y esas dietas cobrándose desde el 31 de agosto de 2010".

La juez considera que "el pago y cobro" de estas cantidades "podría constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión".

En concreto, el auto señalaba que "las personas que estaban recibiendo estos pagos presuntamente injustificados eran las mismas que debían llevar a cabo la labor de inspección de la gestión de la entidad pagadora y la definitiva calificación que se realice de ellos dependerá del curso de la causa".

EN LAS DECLARACIONES

El expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz afirmó durante su declaración que fue un "error" celebrar en un mismo día sesiones dobles en la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, unas sesiones dobles por las que los políticos asistentes cobraban también dos dietas.

No obstante, Miguel Sanz señaló que no sabe de quién partió la idea de celebrar las reuniones sucesivas en un mismo día y consideró que se podrían haber hecho las sesiones en días distintos. Además, señaló en declaraciones a los medios que "jamás" se había lucrado. "Jamás en mi vida me he lucrado de nada, nunca jamás, y todo mi trabajo ha sido siempre puesto al servicio de Navarra y al servicio de las entidades a las que he representado", agregó.

Por su parte, el alcalde de Pamplona manifestó, a los medios de comunicación, que tiene "la conciencia tranquila" y que su actuación ha sido "correcta", tras lo que deseó que se levante su imputación.

Y el exconsejero de Economía Álvaro Miranda afirmó en su declaración ante la juez que la entidad financiera estaba "supervisada" por el Banco de España. Ante los medios indicó que en toda su "trayectoria personal y pública" ha trabajado "siempre con honradez queriendo lo mejor para esta tierra e intentando que los ciudadanos tuviera una mejor calidad de vida".

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