El juicio del 'caso Pallerols' por presunto desvío de fondos públicos para cursos de ocupación hacia UDC arrancará este lunes en la Audiencia de Barcelona, 16 años después de salir a la luz.
Se sentarán en el banquillo exaltos cargos de UDC, al empresario andorrano Fidel Pallerols y su esposa, Maria Cruz Guerrero, y como testigos comparecerán el presidente del comité de gobierno de Unió y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, y al portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, que entonces era dirigente del partido democristiano.
Según la Fiscalía, Pallerols pudo recibir entre 1994 y 1999 más de 8,5 millones de euros procedentes de la Conselleria de Trabajo --entonces dirigida por el democristiano Ignasi Farreres-- con el supuesto de utilizarlos en cursos de formación dentro de su empresa, pero con la presunta intención de financiar a UDC con casi un 7% del total.
Un informe de la Guardia Civil desveló en 2002 que ocho de los cursos ocupacionales por los que las empresas de Pallerols CEIFSA, ANDSA y TEOSA pudieron recibir subvenciones para cursos que presuntamente no se realizaron, y también se hallaron irregularidades en 233 cursos más.
Las subvenciones recibidas "no sólo estaban muy por encima del coste real de los cursos", sino que en algunas ocasiones ni se impartían por no haber suficientes alumnos, explica el fiscal Fernando Rodríguez Rey en su escrito de acusación.
Según el Ministerio Público, se produjo una "confluencia de intereses" en la que Pallerols y su mujer vieron la oportunidad de recibir subvenciones, y el entonces director general de Empleo de la Generalitat, Lluís Gavaldà, y su colaborador, Santiago Vallvé, presuntamente creyeron tener la oportunidad de desviar fondos a su partido.
Según la Fiscalía, Pallerols pudo haber contactado con el exsecretario de organización de UDC, Vicenç Gavaldà, con quien presuntamente pactó entregar hasta el 10% de las subvenciones recibidas al partido democristiano para la compra de mobiliario y de material informático y para el pago de las nóminas de trabajadores --todos militantes de UDC-- que, sin embargo, "prestaban sus servicios laborales no para las empresas sino para el propio partido".
El desvío de fondos también pudo haberse efectuado en efectivo y en base a facturas por servicios "en realidad inexistentes", afirma el Ministerio Público.
PENA MÁXIMA DE 11 AÑOS
Por eso, la Fiscalía solicita para Pallerols y Gavaldà una pena de 11 años por los delitos continuados de malversación de fondos --alternativamente de fraude de subvenciones--, de cohecho y de falsedad.
Para Gavaldà y para quien fue 'número 2' de la conselleria de Empleo, Dolors Llorens, la Fiscalía pide 9 años y 10 meses de prisión por malversación y cohecho; para el militante de UDC Santiago Vallvé una pena de 7 años; y para la esposa de Pallerols, María Cruz Guerrero, 8 años de prisión, todos con posibilidad de atenuante.
El caso se reabrió en noviembre de 2006 tras un recurso de la Fiscalía y el juicio tiene previsto acabar el 17 de abril después de 54 sesiones previstas.
