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Unos 100 jornaleros vuelven a ocupar finca de la que fueron desalojados

La ocupación de ha llevado a cabo alrededor de la pasada medianoche y que permanecerán en la finca "todo el tiempo que se pueda"

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Cerca de un centenar de jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han vuelto a ocupar la finca Somontes, en Palma del Río (Córdoba), propiedad de la Junta de Andalucía, de la que habían sido desalojados ayer por la Guardia Civil tras 53 días de ocupación.

El portavoz del SAT, Diego Cañamero, ha explicado a Efe que la ocupación de ha llevado a cabo alrededor de la pasada medianoche y que permanecerán en la finca "todo el tiempo que se pueda", además de señalar que piensan celebrar en ella la Fiesta Internacional del Trabajo del 1 de mayo.

Ha añadido que voluntad del sindicato es que la ocupación "sea permanente" y ha asegurado que hasta el momento "nadie ha impedido la entrada o identificado a los jornaleros" que se encuentran en la finca.
Fuentes de la Guardia Civil han informado a Efe de que no se ha recibido denuncia alguna por esta nueva ocupación de la finca, mientras que han recordado que el desalojo de ayer se produjo a instancias del Juzgado de Instrucción de Posadas (Córdoba).

La finca ocupada tiene 359 hectáreas en secano y 41 en regadío, sólo daba empleo a un cuidador y se encontraba en proceso de venta en subasta por parte de la Junta de Andalucía, según el SAT.

Desde su ocupación el pasado 4 de marzo, los jornaleros aseguran que han realizado obras de mejora como la creación de un huerto, recuperación y labranza de una hectárea de terreno para la siembra de pimientos, la plantación de olivos, el arreglo y mejora de las instalaciones de riego o la creación de un gallinero.

Tras el desalojo de ayer, el SAT lamentó en un comunicado que la Junta de Andalucía haya optado por la vía de la represión en vez del diálogo, lo que hubiera permitido resolver el problema del desempleo en una de las comarcas más castigadas por el paro, los recortes sociales y los desahucios de sus viviendas.

El SAT asegura que intentaron negociar con la Junta para evitar la venta de la finca pública y que se cediera su uso y explotación a cooperativas de jornaleros, un modelo que califican de exitoso y está garantizando el pleno empleo en localidades como Marinaleda (Sevilla).

Los jornaleros añaden que la venta de la finca hubiera significado que sus compradores -banqueros, terratenientes o especuladores- se beneficiarían de subvenciones europeas y ayudas públicas por una explotación agrícola extensiva e industrializada (para biodisel o transgénicos) que no generaría ningún puesto de trabajo.

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