Al parecer, en el estudio preoperatorio que se le realizó en septiembre de 2008, cuando a la paciente, que entonces tenía 69 años, le diagnosticaron una hernia umbilical; se tuvo en cuenta que en el pasado se había sometido a intervenciones quirúrgicas con anestesia regional, las cuales se desarrollaron sin complicaciones.
La operación se llevó a cabo el 10 de noviembre en el Hospital Clínico, y los problemas aparecieron al día siguiente, cuando la mujer necesitó analgésicos por dolores en la espalda y en los miembros inferiores, según la parte demandante, a la que representa el abogado malagueño Juan Godofredo Giménez.
Dos días después, cuando intentó ponerse en pie, la mujer perdió el equilibrio y se cayó al suelo debido a "una disminución de la fuerza en ambos miembros inferiores", así como a "parestesias en ambos pies", según recoge en su dictamen el facultativo del Servicio de Aseguramiento y Riesgos del SAS y publica este jueves el diario 'Sur'.
Tras una resonancia magnética, se le diagnosticó un hematoma epidural, para el que finalmente se optó por un tratamiento con corticoides. En mayo de 2009, recibió el alta en el servicio de rehabilitación al considerarse "agotadas" las posibilidades de recuperación y, a día de hoy, la paciente sigue tratándose en la Unidad del Dolor.
Según el facultativo del Servicio de Aseguramiento y Riesgos, los pasos que se dieron al detectarse esta complicación fueron "correctos" y considera que la persistencia de las secuelas definitivas son "influidas" por otras patologías previas, de tipo degenerativo.
A su juicio, lo que le ha ocurrido a la paciente es "una grave complicación postoperatoria que suele darse con muy poca frecuencia", aunque ha resuelto que está acreditado el "nexo causal" entre la aplicación de la anestesia regional y los daños, por lo que "la reclamación debe prosperar".
En base a este dictamen, el SAS estimó parcialmente la reclamación de la paciente y la indemnizó con 43.141 euros; aunque, según el abogado de la mujer, la respuesta del SAS llegó tarde, de forma que "al agotarse el plazo legal de seis meses para contestar a la reclamación, se interpuso una demanda que se sigue en un juzgado de lo contencioso-administrativo".
El procedimiento judicial continúa abierto, ya que la parte demandante reclama una indemnización mayor, de 162.744 euros, dado que la paciente sufre una "incapacidad permanente total". Por ello, se solicitan 90.705 euros, a los que habría que sumar 71 días de hospitalización, 125 días impeditivos, 50 puntos funcionales y nueve de perjuicio estético.
