La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha anunciado que la formación que lidera, Sumar, ha presentado una nueva denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) por considerar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bajo la presidencia de Luis Rubiales incumple la ley en materia de paridad.
En una entrevista en La 1 de RTVE, recogida por Europa Press, Yolanda Díaz ha abogado por "depurar las responsabilidades personales que cometió el señor Rubiales, pero también desplegar toda la eficacia de la legalidad del Ministerio de Trabajo, en este caso la Inspección de Trabajo, para cumplir con la igualdad en nuestro país" y "corregir las diferencias retributivas que tienen las deportistas femeninas".
Según han explicado fuentes de Sumar, la denuncia ante el CSD se basa en el supuesto incumplimiento de la obligación de paridad establecida en el artículo 47.7 de la Ley 39/2022, en relación con la Ley 3/2007, "puesto que de sus 20 integrantes solo dos son mujeres".
La formación que lidera Yolanda Díaz señala que la desproporción entre mujeres y hombres no se limita a la Junta Directiva, sino que alcanza a la totalidad de los órganos federativos, "reflejando una patología que no puede considerarse puntual o coyuntural sino sistémica". Actualmente, dicen, tan solo hay 38 miembros mujeres de 411, es decir, el 9% de la plantilla, incumpliendo así el marco legal.
DENUNCIA EL MACHISMO ESTRUCTURAL
En la entrevista, Yolanda Díaz se ha puesto como objetivo acabar con diferencias como que una futbolista perciba 16.000 euros en su salario mínimo y un futbolista, "por el hecho de ser hombre", 180.000 euros. "No hay ninguna razón que lo justifiquen", ha señalado al tiempo que ha denunciado el "machismo estructural" y "reponer la legalidad".
Ante los movimientos del equipo de Luis Rubiales en organismo como la UEFA para denunciar el supuesto intervencionismo del Gobierno tras la polémica por el beso a la jugadora Jennifer Hermoso, la vicepresidenta del Gobierno ha insistido en que el Ejecutivo lo que hace es "defender la legalidad" frente a las "vejaciones y discriminaciones" de las mujeres en un contexto de "gran alarma social".
