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Abogados denuncian el primer caso de discriminación a un niño migrante por la Ley del Deporte

Un niño de 14 años ha sido expulsado de su equipo de fútbol en Melilla por encontrarse en situación irregular

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  • Jugando al fútbol. -

Un niño de 14 años ha sido expulsado de su equipo de fútbol en Melilla por encontrarse en situación irregular

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación de abogados Extranjeristas en Red han denunciado el primer caso de discriminación a un menor migrante como consecuencia de la aplicación de la Ley del Deporte que entró en vigor el 1 de enero de este año. Según han denunciado, Youssef (nombre fícticio), un niño de 14 años ha sido expulsado de su club de fútbol en Melilla porque la Federación le ha negado el acceso por no tener residencia legal en el país, en aplicación de la mencionada norma.

Desde la entidad han señalado que este hecho responde a la redacción de uno de los artículos de la nueva Ley del Deporte por el que se interpreta una prohibición de tener federados a menores extranjeros que no cuenten con un permiso de residencia legal.

Se refieren a los textos que recogen que la administración "promoverá la práctica deportiva de las personas extranjeras que tengan residencia legal en España, especialmente los menores, como vía de integración social"; en el que se apunta que las federaciones "deberán eliminar cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación de personas extranjeras que se encuentren legalmente en España y de sus familias en las actividades deportivas que organicen"; y el que dice que "en ningún caso se podrán imponer restricciones a la expedición de licencias a personas extranjeras que tengan residencia legal en España".

Según han explicado, esto implica que hay que tener ese requisito de residencia legal para poder practicar un deporte y competir. Es decir, supone "una discriminación grave en un derecho fundamental como es el derecho a la educación, también deportiva" hacia "los miles de niños" que no se encuentran en situación legal administrativa "debido a la dureza de las leyes de extranjería, a la cerrazón de la administración y su espíritu ultramontano, y a la extensión de tesis ultranacionalistas en los distintos niveles de nuestra sociedad", según han señalado los expertos.

Extranjeristas en Red ya se puso en contacto con el Defensor del Pueblo, según ha informado, para que presentara un recursos de inconstitucionalidad contra esta norma por este motivo, a lo que el Defensor argumentó que la interpretación correcta del texto no era considerar que era un derecho "sólo" de los residentes legales, sino
"especialmente" de ellos, sin excluir a nadie.

"Les advertimos que, lamentablemente, esa interpretación iba a ser minoritaria, y que por ese motivo era necesario el recurso para que el Tribunal Constitucional dejara clara esa interpretación", han explicado los abogados. Según han criticado, esta negativa del Defensor a actuar está dejando "al albur de la política que active cada federación y cada Administración" la situación de estos niños. "Y el niño no sabe de permisos ni de residencias, sólo sabe que quiere jugar en el club de su colegio y con sus amigos", ha apuntado la entidad en un comunicado.

De hecho, esta semana, el Defensor ha publicado una recomendación de que se modifique la Ley, "con la finalidad de que no quepan interpretaciones que pudieran limitar el ejercicio de los derechos de los extranjeros". El propio niño afectado ha hecho llegar también un escrito a mano de su situación al equipo de Ángel Gabilondo, según asegura la entidad.

La asociación ha lamentado que el Gobierno haya redactado una norma "en términos tan ambiguos como los que parecen incitar a limitar" los derechos de los menores migrantes y favorecer la exclusión "a los que carezcan de la condición de 'legal'", cuando, según ha apuntado, "ningún ser humano, y menos aún si es un niño, es ilegal".

Estos abogados también han alertado de que seguramente hay "muchos otros" casos similares a los del niño de Melilla, aunque solo él ha "tenido el valor de acudir a protestar a una asociación y de redactar con su propia mano una queja al Defensor del Pueblo". "Esperamos no sólo sea atendida, sino sirva para impedir en lo sucesivo que se reproduzcan hechos similares", han concluido.

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