El Tribunal Constitucional (TC) celebrará la próxima semana un nuevo Pleno donde avalará la ley de la eutanasia, conforme a una ponencia del magistrado Ramón Sáez que plantea rechazar el recurso de Vox contra dicha norma, e iniciará el debate sobre la impugnación formulada por este mismo partido político contra la denominada 'ley Celáa', si bien en este caso la ponencia de Ricardo Enríquez sí pone pegas a la norma.
El recurso contra la ley de la eutanasia figura entre los asuntos a resolver por sentencia, después de que los magistrados iniciaran en el Pleno anterior, celebrado el 9 de marzo, el estudio de dicha impugnación.
De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, se trató de un primer contacto muy breve donde Sáez expuso a sus compañeros los motivos de impugnación de Vox. Días después les facilitó la ponencia, que avala completamente la ley de la eutanasia, una postura que encontrará el respaldo de la nueva mayoría progresista.
La ley, que fue aprobada hace un año en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de PP y Vox, establece que la eutanasia se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".
Los dos partidos recurrieron, si bien el recurso de Vox supone prácticamente una enmienda a la totalidad de la ley porque se dirige contra numerosos artículos, mientras que la impugnación del PP es más limitada, por lo que rechazar el primero supondría 'de facto' desestimar también el segundo, según explican las citadas fuentes.
También se prevé que en este Pleno el Constitucional resuelva por sentencia el recurso del PP contra el decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Otro de los asuntos nucleares del próximo cónclave será el inicio de las deliberaciones sobre el recurso de Vox contra la ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la llamada 'ley Celáa'.
El borrador de Enríquez respalda la ley excepto en dos puntos, los que plantean que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género"; y que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias "para evitar la segregación del alumnado".
Las fuentes avanzan que el primer punto será, previsiblemente, el que suscite mayor debate en el seno del Constitucional, ya que la segunda tacha realizada por Enríquez se debe a que no se tiene suficientemente en cuenta la opinión de los padres sobre si prefieren que sus hijos acudan a centros de educación especial para menores con discapacidad.
Esas dos salvedades podrían propiciar un cambio de ponente --como ocurrió con el recurso del PP contra la ley del aborto de 2010--, si bien en este caso las fuentes lo descartan porque Enríquez estaría dispuesto a ajustar el borrador a las apreciaciones de sus compañeros, que mayoritariamente apuestan también por validar totalmente la 'ley Celáa'.
Además, el Pleno decidirá si admite o no a trámite el recurso del Gobierno de Andalucía contra el llamado impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a tres millones de euros, cuya ponencia ha recaído sobre el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo.
El Ejecutivo andaluz aprecia "una vulneración de la autonomía financiera" de la comunidad autónoma porque el gravamen a las grandes fortunas se concibe como un tributo "complementario" al Impuesto sobre el Patrimonio (para contribuyentes con un patrimonio neto superior a los 700.000 euros), que está bonificado al 100% en esta región.
El Constitucional también atará en este Pleno los últimos flecos del recurso 'popular' contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero al estudiar los recursos de súplica del PP contra la decisión del TC de rechazar la abstención de Concepción Espejel y las recusaciones contra ella y otros tres magistrados.
Fue en febrero cuando la mayoría progresista (de 7 magistrados frente a 4) rechazó la ponencia redactada por Enrique Arnaldo, que proponía respaldar prácticamente toda la ley de 2010, salvo el artículo 17 por considerar que la forma de informar a la mujer --mediante un sobre cerrado-- no garantiza suficientemente que dé un consentimiento informado a la interrupción voluntaria del embarazo.
Tras ello, Arnaldo declinó redactar una nueva ponencia, por lo que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, encargó esta tarea a la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán. Se espera que su propuesta incluya una perspectiva de género que ponga la lupa en el bienestar de la mujer, partiendo del derecho a decidir sobre su maternidad, lo que supondrá una aproximación novedosa respecto a la ponencia rechazada, que pivotaba sobre los derechos del no nacido o 'nasciturus'.
En un principio, estaba previsto que el nuevo borrador de la sentencia sobre la ley del aborto viera la luz en marzo, pero las fuentes señalan que lo más probable es que vaya a Pleno después de Semana Santa.
