El Gobierno de las Islas Baleares ha aprovechado los fondos europeos Next Generation para enjuagar el sobrecoste de los últimos años que ha supuesto la internalización del servicio de ambulancias domiciliarias y de urgencias en toda la comunidad.
El ejecutivo destinará 9,2 millones de euros provenientes del instrumento de recuperación de la Unión Europea para renovar una flota de 80 vehículos asistenciales.
Este movimiento se produce después de que el Govern elevara en un 47% el coste del servicio de las ambulancias urgentes (TSU) entre los años 2017 y 2020 después que la comunidad autónoma asumiera la gestión directa en 2017 sin haber aumentado el nivel de prestaciones, según los datos que se desprende el informe de la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) que se basa en las cuentas anuales de la empresa pública Gestión Sanitaria y Asistencial de Balears (GSAIB), encargada de explotar el servicio. El coste pasó de cerca de 11 millones de euros en 2017 a más de 16 millones en 2020, sin incluir el coste de los telefonistas.
Si también se tuviera en cuenta el incremento del coste que tendría contabilizar la amortización de los vehículos del GSAIB, que al ser una empresa pública está subvencionado al 100%, el gasto aumentaría hasta el 50,65% en el periodo 2017-2020. Además, si también se sumara la subvención de material sanitario, el coste se incrementaría hasta los 16,8 millones de euros, un 53,9% más.
El incremento del coste del TSU se explica, en parte, por el aumento del número de empleados que no ha parado de ir en aumento en los últimos años. Si en 2017 el número total de empleados se situaba en 278, esta cifra ascendía hasta los 403 en 2020. El personal en movimiento pasó de 270 a 362 trabajadores, mientras que el personal de estructura aumentó de 8 a 41 personas en el mismo periodo.
A esta situación hay que añadir que GSAIB subrogó la práctica totalidad del personal que venía de la anterior empresa cuando asumió la gestión directa del TSU en abril de 2018 sin que se haya renovado el convenio laboral que data del 2014. Esto ha provocado que la conflictividad laboral haya ido en aumento para pedir un nuevo convenio.
ENCARECIMIENTO
Al aumento del gasto público de las ambulancias de urgencias, hay que incorporar el sobrecoste del servicio de las ambulancias domiciliaras en la comunidad después de que el Ejecutivo autonómico optará por asumir en mayo de este año la gestión directa, sin incrementar ni la dotación de vehículos ni de recursos humanos. Esto implica que la partida para este servicio subió hasta los 12,4 millones de euros, lo que implica un encarecimiento del 13% que impactan directamente en las cuentas públicas.
La consellera balear de Salut, Patricia Gómez, justificó este cambio en el modelo de gestión justamente con argumentos de costes, ya que en palabras suyas supondría un ahorro para las arcas autonómicas en beneficio de la ciudadanía. No obstante, a la práctica, aunque el cambio de manos en el modelo de prestación no implicará ningún aumento en la cartera de servicios, sí que implicará un sobrecoste de más de 1,4 millones al año respecto al último contracto que se venía aplicando.
Hasta la fecha había una prórroga en vigor del servicio con la empresa SSG con quien se firmó el último contrato en 2016 por 43,7 millones de euros para cuatro años.
FUTURO
Ahora, la empresa pública de GSAIB, cuyo responsable hasta ahora era Manuel Palomino, asume desde el pasado 1 de mayo el servicio de ambulancias no urgentes de las Islas, lo que implica la subrogación de 245 trabajadores y hasta 118 vehículos de ambulancias.
A esto se añade el movimiento que GSAIB ya hizo en 2018 al gestionar directamente el servicio de ambulancias urgentes (TSI) de la comunidad. En aquel caso se absorbió con las mismas condiciones laborales de su anterior empresa a cerca de 300 trabajadores como personal laboral indefinido para los que se estableció una especie de interinaje hasta que se convocasen las pruebas de oposición que, según se dijo, sería en un plazo de tres años, un extremo que aún no ha sucedido.
Esto podría dejar en el aire el futuro laboral del personal recientemente subrogado de las ambulancias domiciliarias ya que la conselleria no sólo no ha convocado ningún concurso, sino que la propia consellera Gómez no sabe aún si el Govern está pensado en que se haga próximamente.
Para el gobierno tripartito de izquierdas formado por PSOE, Podemos y Més per Menorca este modelo de internalización no es casual ya que es precisamente el mismo que quiere aplicar al ente público de Ràdio i Televisió IB3.
