El PSOE ha presentado alegaciones a la totalidad de Ordenanza de Convivencia considerando que “en el documento elaborado no se contempla una intervención social ante los problemas sociales, tan solo una acción represiva y recaudatoria, que se intenta de justificar con dar información a la persona afectada sobre las distintas ayudas existentes o una sustitución de la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad, que son un brindis al sol”.
Así lo considera el portavoz socialista Ángel M.ª González quien señala que “es evidente que el ayuntamiento no está preparado para poner en marcha los trabajos en beneficio de la comunidad. Tanto es así que la propia ordenanza recoge que esta opción no será de obligada aplicación por el ayuntamiento, si no tan solo cuando no exista dificultad material y organizativa, entre otras cuestiones”.
Por ello, la propuesta socialista pasa por incorporar un anexo de protocolo de actuación social, así como seguridad jurídica para realizar los trabajos en beneficio de la comunidad.
Otro aspecto que el PSOE rechaza de la Ordenanza presentada por PP y Cs es su duplicidad, puesto que se tipifican conductas que ya están recogidas en normativas superiores: en mayor medida en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana; la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía; la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía o Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía; entre otras.
Y, con relación a aquellas conductas no recogidas, desde el PSOE consideran que “son fácilmente reconducibles a otras ordenanzas municipales a modificar, o a la creación de nuevas ordenanzas donde el articulado sea más extenso y dote de más sentido a éstos, tales como ordenanzas de medio ambiente o tráfico”.
Y es que, como ha explicado el portavoz socialista “consideramos que esta norma no es necesaria; tal es así que ni en su propia exposición de motivos está justificada su necesidad, ni por demanda ciudadana ni por relevancia estadística. Por lo que entendemos que antes habría que haber recabado la información que permitiera dirimir su necesidad o no”.
En este sentido, González recuerda que “en 2018 la anterior ordenanza fue derogada precisamente por los mismos motivos: por duplicidad con otras normativas, por dar respuesta a conductas que en nuestro municipio no eran relevantes (según informe de la propia Policía Local) y por criminalizar a ciertos colectivos socialmente vulnerables, lo que ahora se vuelve a hacer con este borrador”.
