El secretario general del PP portuense, Javier Bello, y la diputada del PP por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, se han reunido con el director del Colegio de Las Esclavas, Javier Ferrete, a quien han trasladado la oposición del PP a la reforma educativa de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, LOMLOE, también conocida como “Ley Celaá”, que el Congreso somete a aprobación este jueves 19.

Bello considera que la ley “supone un ataque directo a la educación concertada, educación a la que desde el PP de El Puerto mostramos todo nuestro apoyo y comprensión”.

“Le hemos hecho ver al director del colegio de Las Esclavas, a quien agradecemos que nos haya descrito el modo en que les afectaría la aplicación de esta ley, que tienen a los miembros del Gobierno municipal a su entera disposición para todo aquello que les haga falta, que estamos dispuestos a defender la educación concertada porque la libertad educativa es un derecho de todos los españoles y que como gobierno municipal y como partido principal de El Puerto que es el PP tenemos que estar a su lado, arropándolos y dándoles el sitio que se merecen”, indicó el secretario general del PP portuense, quien apuntó que “los centros de educación concertada llevan muchos años criando y educando a nuestros niños y no podemos permitir que se les denigre o ataque directamente por llamarse concertada y no llamarse pública”.  

La diputada del PP por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, afirmó por su parte que el encuentro había permitido observar “el malestar tan grande que la Ley Celaá está ocasionando en la comunidad educativa”. García-Pelayo consideró que la ley “no se ha consensuado con nadie, pues el PSOE solo ha hablado con Podemos, lo que convierte el texto en una ley totalmente podemizada, en la que van a imponer a nuestros hijos e hijas lo que piensa Podemos, algo que choca radicalmente con la Constitución, cuyo artículo 27 reconoce la libertad de enseñanza”.

La diputada, quien apuntó que “los padres y madres tienen derecho a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos y no todos los padres y madres van a querer que sus hijos piensen igual que Pablo Iglesias”, afirmó que, si finalmente es aprobada, el PP recurrirá la Ley Celaá ante el Tribunal Constitucional “por razones como su falta de consenso y su radical persecución de la educación concertada, lo que limita gravemente el derecho de los padres a la elección de centro educativo, así como por no garantizar una educación de calidad, ya que permite que los niños promocionen de curso con suspensos”. 

La diputada popular criticó igualmente que la Ley Celaá “convierte la inspección educativa en una inspección política y carece de acompañamiento económico, con lo cual se va a obligar a los centros educativos a prestar un servicio tan importante como el de la educación sin garantizar los medios necesarios”. 

García-Pelayo dejó clara igualmente la postura contraria del PP al cierre de los centros de educación especial, toda vez que “en el PP entendemos que cada persona que tenga necesidades educativas especiales debe estar en el centro que necesite, no en el centro en el que el Estado le obligue a formarse, ya que habrá alumnos y alumnas que se puedan formar en centros de integración pero habrá otros que requieran centros de educación especial”. 

La diputada concluyó enfatizando que “los impuestos los pagamos todos y todos los padres y madres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos y sobre todo a que sus hijos reciban la mejor educación”.