Estamos acostumbrados a que por más se vocifere o por más ruido de fondo se obtenga o por más pancartas al viento se ondee, más razón se va a tener. En la mayoría de las veces vemos que no siempre es así. Por suerte en el Estado de derecho en el que por fortuna disfrutamos, no todo vale. Los límites, como no puede ser de otra manera, está en los tribunales.
Esa libertad de expresión que a todos nos ampara no debe confundirse -para eso está el juez- con calumniar, ofender o faltar al honor de forma gratuita. Tanto la crítica como la oposición deben ir táxitamente unidas a las formas básicas de entender una democracia, no acusar, señalar y dictaminar autoritariamente a todos los que por cuestiones políticas o interesadas denigren tu opinión contraria.
Utilizar formas de desprestigio para imponer una idea y una corriente pública, puede volverse en contra en forma de demanda tal y como ha sucedido. Y eso es lo que la sentencia, otra más, ésta de la Audiencia Provincial de Cádiz, ha dictaminado contra miembros de la plataforma ‘Apemsa no se vende’. Un juez otra vez ha visto delito contra el honor al acusar falsamente al ex consejero delegado de Apemsa de favores a terceros por ocupar un cargo público.
La oposición férrea en la privatización de la empresa pública del agua, se lleva una sentencia que frena en seco las maneras con las que esta plataforma ha llevado sus innumerables enfrentamientos.
Acusar de aprovecharse de “su puesto en una empresa pública para favorecer a su socio en una empresa privada en determinados contratos” les ha supuesto que sean condenados por “vulnerar su honor”, además de tener que pagar una indemnización por faltar a la verdad. La justicia es la que marca el coto del que daña, en esta ocasión no de forma gratuita.
