La Asociación Sevillana de Afectados Idental (ASAI), Marea Blanca de Sevilla y Podemos han presentada una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Sevilla contra responsables de Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y administradores de idental por delitos de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución, contra la salud pública y de estafa, toda vez que se ha conocido un informe de la Inspección Provincial de Servicios de fecha de diciembre de 2017 que instaba al cierre cautelar de las dos clínicas de la compañía en la capital andaluza, una recomendación que también se dio con anterioridad en mayo del mismo año.
La denuncia interpuesta este miércoles en la Fiscalía de Sevilla va dirigida contra el delegado territorial en Sevilla de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el secretario general de la Delegación, el director de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios y el subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería, y contra los administradores de las clínicas iDental en Sevilla.
La citada denuncia, facilitada a los medios por el secretario de organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, y por el portavoz de la ASAI, Benito Lupiáñez, se ha presentado adjuntando a la misma un informe de 4 diciembre de 2017 de la Inspección Provincial, recibido por el dirigente de Podemos de forma anónima.
En dicho informe se observa cómo "al menos desde el 27 de marzo de 2017" la Delegación Territorial y la Inspección Provincial "tienen conocimiento", a través del Colegio de Dentistas, de "un incremento desmesurado de quejas y reclamaciones en el funcionamiento de dos clínicas dentales de iDental en Sevilla, que está ocasionando graves perjuicios y lesiones a los pacientes". El Colegio, según la denuncia presentada, rogaba ya entonces a la Delegación tomar medidas para acabar con esta situación, sin obtener respuestas.
Posteriormente y tras el estudio de las quejas, el 8 de mayo del citado año, un inspector médico recomendaba a la Delegación "adoptar urgentemente medidas cautelares", entre ellas, "incoar un expediente sancionador y resolver de inmediato el cierre temporal del establecimiento", y "en paralelo realizar una inspección conjunta consumo-salud bucodental para comprobar la adecuación a la normativa vigente de estas dos clínicas".
"Sin embargo, con fecha de 11 de mayo, en una reunión interservicios en la Secretaría General de la Delegación, se decide no adoptar medidas cautelares ante un evidente problema de salud pública y seguir investigando, mostrando su disconformidad el funcionario firmante del informe", según la denuncia de Podemos, Marea Blanca y los afectados. Días más tardes, el inspector médico realiza tres visitas a la clínica.
Ya en el informe de 4 de diciembre se recoge, como conclusiones, que "la organización y funcionamiento de las clínicas están dirigidas a obtener el máximo beneficio aún a costa de la salud de los pacientes" y se observan "indicios y evidencias de mala praxis tales como secuelas de salud por las complicaciones del tratamiento recibido, ocasionando una pérdida de audición permanente, daños irreparables para la salud oral, pérdida injustificada de piezas dentales, imprudencia profesional, infracción de lex artis, engaño al paciente o fracaso precoz del tratamiento con implantes realizados".
Asimismo, este informe recomienda algunas medidas, como ya hicieron anteriormente y que fueron rechazadas. "La más urgente, el cierre provisional de los locales para evitar que se sigan produciendo infracciones administrativas y penales y salvaguardar la salud de los pacientes", resalta la denuncia.
Además, el inspector médico, según la denuncia, alerta de que se pueden estar produciendo delitos contemplados en el Código Penal, al estimar "la imprudencia profesional reiterada y continuadas con resultado de lesiones que menoscaban la integridad corporal y la salud física".
De otro lado, en la denuncia, señalan que, a pesar de la gravedad de las lesiones y del número de pacientes afectados de gravedad, la Delegación Territorial "no puso en conocimiento de la Fiscalía o de los juzgados dichos hechos, provocando sin duda por dicha omisión que por parte de iDental se siguieran produciendo víctimas desde marzo de 2017 hasta febrero de 2018".
A juicio de los denunciantes, "se podría haber evitado mucho sufrimiento a familias durante este tiempo".
"El hecho de incoar un expediente sancionador no sólo no era incompatible con haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía o de los juzgados, sino que su omisión podría estar tipificada penalmente como un delito de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución" por parte de las autoridades públicas sanitarias.
Por todo ello, Podemos, Marea Blanca y los afectados denuncian a los responsables de la Delegación Territorial por un delito de omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución y a los responsables de las clínicas por un delito contra la salud pública y de estafa.
Además, solicitan a la Fiscalía instruir diligencias iniciales o que sea remitida la denuncia al Juzgado de Instrucción, así como la declaración testifical del médico inspector y como investigados de los responsables de Salud y de iDental denunciados.
"UN FRAUDE CONTRA LAS FAMILIAS MÁS POBRES"
Ante la sede de la Audiencia Provincial de Sevilla, Nacho Molina, en declaraciones a los medios, ha resaltado que el informe del inspector médico revela hechos "muy graves" que consideran "conveniente y necesario" ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, sobre todo por el "caso omiso" que le hizo la Junta.
El caso de iDental "no es sólo un caso económico y de consumo, sino también sanitario", que afecta "a más de 20.000 personas en Sevilla", de los que "se aprovecharon por su situación socioeconómica", pues pertenecen a clases bajas de la capital que no podían aspirar a tratamientos más caros en otras clínicas.
Molina ha apuntado a "la posible responsabilidad administrativa, judicial y presuntamente penal" de los altos cargos de Salud en Sevilla, por lo que ha considerado "un fraude contra las familias más pobres" de la capital.
Por su parte, el portavoz de la plataforma de afectados en Sevilla, Benito Lupiáñez, ha lamentado que "con la salud no se juega" y ha advertido de los problemas "de todo tipo a corto y medio plazo" de las personas afectadas por la interrupción de sus tratamientos, sobre todo de salud, "pues nadie fue a iDental por cuestiones estéticas".
"Se han cebado con las clases populares de Sevilla", ha lamentado el portavoz, que ha llamado a todos los afectados a una concentración que tendrá lugar el próximo 18 de julio en Madrid frente al Ministerio de Sanidad.
Por último, el portavoz de Podemos en la comisión de Salud, Juan Antonio, ha anunciado que este jueves, en comisión, interpelarán a la consejera por la posible negligencia y responsabilidad civil de la Junta y si conocía los informes que advertían de lo que estaba pasando.
En este sentido, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha señalado que, junto a Podemos Andalucía, preguntarán este jueves en la comisión sobre las inspecciones realizadas por la Consejería del ramo en esta legislatura en las clínicas de iDental y las medida adoptadas a raíz de las irregularidades detectadas en las mismas.
"Es una situación escandalosa, con miles y miles de afectados, afectados por una cadena de negligencias, de pasividad e inoperancia por parte de la Consejería que Salud que es intolerable", ha subrayado en rueda de prensa.
