El exalcalde de El Puerto de Santa María Enrique Moresco (PP) y otras cuatro personas han sido citadas a declarar como imputadas por el Juzgado número 5 de El Puerto, que ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía Provincial al apreciar indicios de un delito de prevaricación en los actos administrativos realizados en 2010 por parte de Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A. (Apemsa) para prorrogar dos contratos de prestación de servicios con Aqualia.

En declaraciones a Europa Press, el miembro de la plataforma 'Apemsa no se vende' Juan Clavero recuerda que la Fiscalía Provincial solicitaba también la imputación del actual alcalde de El Puerto, Alfonso Candón (PP), si bien éste no ha sido citado a declarar "por su condición de aforado", al ser diputado. Clavero indica que la plataforma va a solicitar a Candón "que renuncie al aforamiento, porque no tiene nada que ver con el cargo de diputado con los hechos que se imputan".

Asimismo, informa de que 'Apemsa no se vende' aportará al juzgado las pruebas del "incumplimiento de las condiciones del contrato y la sobrefacturación en un 20-50 por ciento por parte de Aqualia" a la denuncia. Estos documentos se presentaron en otra denuncia archivada por el fiscal, que "ha entendido que no hay pruebas de que los directivos de Apemsa conocieran estos hechos, pero ha reconocido que son ciertas las actuaciones de Aqualia denunciadas".

Estos hechos son, para Clavero, "escandalosos". "Se ha reconocido por técnicos de la empresa una sobrefacturación, pero no hay constancia de que haya sido intencionadamente realizado por responsables de Apemsa", afirma, al tiempo que defiende que 'Apemsa no se vende' "puso en marzo estas irregularidades de Aqualia en conocimiento de Candón".

EXPLICACIONES AL ALCALDE

En este sentido, apunta que la plataforma va a requerir al actual alcalde de El Puerto que "que informe de qué actuaciones ha llevado a cabo" y que "se reclame a Aqualia el dinero indebidamente facturado por no cumplir con condiciones del contrato, y además por la sobrefacturación, que son muchos millones de euros".

Según el decreto dictado en su día por la Fiscalía, y al que tuvo acceso Europa Press, los contratos a los que hace referencia la denuncia por la que se cita ahora a declarar como imputadas a cinco personas son el de 'Limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado, estaciones de bombeo y estaciones depuradoras de aguas residuales de El Puerto' --suscrito en julio de 1989-- y el de 'Explotación, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad' --firmado en junio de 1991--.

Expuso la Fiscalía que el hecho de que las partes pacten en los contratos prorrogados unas prórrogas nuevas o distintas a las inicialmente previstas no puede entenderse como ilegales, siempre que el plazo total del contrato no exceda el máximo permitido, que en este caso es de 99 años.

Sin embargo, en los hechos objeto de la denuncia se observa que "no sólo se procede a la prórroga sucesiva de los contratos de mantenimiento o de explotación de la EDAR, sino que además se va modificando o alterando el contenido de los mismos".

Por tanto, no puede descartarse que a través de esta figura de la prórroga del contrato "se esté encubriendo en realidad un contrato distinto", de forma que legalmente se debería haber iniciado todo el proceso de tramitación para la contratación de tales servicios u obras, dando la oportunidad a otras empresas de presentar sus ofertas conforme a los principios de publicidad y transparencia, libertad de acceso y no discriminación.