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IU y PSOE piden la consulta popular sobre Apemsa

Como indica García de Quirós “sabiendo la actitud del señor Moresco (PP) y su socio Ruiz (PA), que se han caracterizado desde 2007 por su afán de vender Apemsa, pocas esperanzas hay de que finalmente accedan"

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Izquierda Unida presentó el pasado martes sus alegaciones a la memoria y proyecto de estatutos, redactados por la comisión especial para la modificación de la forma de gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas a gestión indirecta mediante sociedad mixta.

Desde la formación de izquierdas resaltan como un hecho contradictorio que en la introducción de la memoria se alabe la eficacia y satisfacción que ha proporcionado el servicio del ciclo integral del agua y a renglón seguido se pone en duda la capacidad de Apemsa de adaptarse, como hasta ahora ha venido haciendo, a nuevas exigencias futuras.

“Si desde que Apemsa se constituyó como empresa municipal en 1983 ha sabido adaptarse a los cambios, que le hace pensar al Partido Popular y al Partido Andalucista que en adelante no siga teniendo esa capacidad”, comenta Pepa Conde.

Otra de las cuestiones que Izquierda Unida destaca en sus alegaciones es el hecho de que la memoria no incorpora ninguna evidencia de que Apemsa necesite financiación para continuar su actividad, y de esta manera justificar la llegada de un nuevo socio tecnológico, por lo que, según Conde “es más que evidente que esta operación no viene a satisfacer una necesidad de la empresa sino las necesidades económicas del Consistorio”.

“El Partido Popular y el Partido Andalucista están dilapidando el patrimonio municipal, pretenden malvender parcelas municipales y ahora el 49% de Apemsa, con el único objetivo de sacar adelante proyectos que no son prioritarios para El Puerto en estos momentos, como el aparcamiento subterráneo de la plaza de toros o el de pozos dulces”, finaliza la portavoz de Izquierda Unida.

También solicitan la modificación de algunas cuestiones relacionadas con el gerente de la empresa, sobre todo las relacionadas con su nombramiento y las funciones que tendría en materia de autorización de contratos y de contratación y despido del personal. Ya que consideran que el Ayuntamiento, “como máximo accionista debe seguir teniendo el control social y la capacidad de decidir”.

Izquierda Unida también solicita en sus alegaciones la celebración de una consulta popular a nivel local para que los ciudadanos de El Puerto se pronuncien democráticamente. “La consulta popular es necesaria porque la operación de venta o privatización de parte de Apemsa no aparecía recogido en el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones municipales los partidos actualmente en el gobierno. Además, al ser una empresa cien por cien municipal, los verdaderos propietarios de la empresa somos todos los portuenses, por lo que esta decisión no debe corresponder simplemente a los concejales, sino a los portuenses expresándose libremente”, remacha Pepa Conde.

El portavoz socialista Ignacio García de Quirós destaca que “dado el gran rechazo que ha suscitado esta operación en la sociedad portuense y el importante número de alegaciones presentadas, pedimos a PP y PA que, en coherencia con la transparencia y participación de la que siempre alardean, ahora hagan un verdadero ejercicio de participación real y sometan a la opinión ciudadana una operación de la magnitud de ésta”.


Desde el PSOE quieren subrayar y reiterar su absoluto rechazo a esta venta, y así lo plantean en su documento de alegaciones, donde además solicitan el archivo definitivo del expediente iniciado. No obstante, como indica García de Quirós “sabiendo la actitud del señor Moresco (PP) y su socio Ruiz (PA), que se han caracterizado desde 2007 por su afán de vender Apemsa, pocas esperanzas hay de que finalmente accedan a lo que no solo los socialistas le estamos diciendo a gritos, sino una importante representación de la sociedad portuense. Por ello, solicitamos esta Consulta Popular, para que la ciudadanía sea también oída ante una maniobra que condicionará la vida de los/as portuenses durante 25 años”.

“PP y PA deben aplicarse cualquier medida que suponga restricción de derechos o reducción de retribuciones que se esté aplicando a la ciudadanía”,


 

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