Fuentes de la Fiscalía han informado hoy de que Anticorrupción se ha opuesto a la libertad de Guerrero por la gravedad de los delitos que se le imputan, su riesgo de fuga y porque la pena que puede corresponderle supera los 18 años de cárcel.
Guerrero se convirtió en el primero del medio centenar de imputados por los ERE que ingresa en prisión después de que la juez Alaya estimase que fueron 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente.
Según el auto de prisión dictado por la juez de instrucción 6 de Sevilla, Guerrero, "en connivencia con otros", otorgó esa serie de ayudas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".
Todo ello "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza", según el auto de prisión.
"Es ahora, cuando se comienza a conocer la gravedad de los indicios contra él y otras personas, cuando verdaderamente surge ese riesgo de fuga", añadió la juez.
El abogado del imputado, Fernando de Pablo, recurrió la prisión argumentando que "es dificultoso y prematuro calificar los supuestos delitos", pues existe la posibilidad de que cambien según avance la investigación, tanto en cuanto a los autores de los posibles delitos como a su calificación.
Además, aún no se han practicado las diligencias pedidas por la defensa y no existe riesgo de fuga porque Guerrero "se haya enraizado profundamente en la ciudad de Sevilla y su entorno, convive con su esposa y una hija de 10 años de edad, que desconoce en estos momentos la situación de su padre y se encuentra escolarizada", según la defensa.
Junto a ello, el inculpado tramitó hace unos meses su reingreso en la función pública y pese a conocer desde hace tiempo su imputación "no ha realizado el más mínimo movimiento tendente a sustraerse a la Justicia".
La juez, que el martes decretó el ingreso en prisión de un segundo imputado, el chófer de Guerrero Juan Francisco Trujillo, ha dado a las partes dos días para que se pronuncien sobre la petición de libertad del ex director general.
