La Audiencia Nacional (AN) ha fijado para marzo de 2026 el juicio oral al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a dos periodistas por el denominado 'caso Dina', en el que se investigó el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos Dina Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios.
En un decreto, recogido por Europa Press, el tribunal señala del 16 al 19 de marzo de ese año las sesiones de la vista oral, postergando a fechas posteriores la selección de la sede de la Audiencia Nacional en la que se celebrará.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicita 5 años de cárcel para Villarejo y 3 para los dos periodistas encausados, imputando a los tres un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros. Interesa además, como responsabilidad civil, que los tres indemnicen solidariamente y a partes iguales a la exasesora de Podemos con la cantidad de 5.000 euros y a Pablo Iglesias con 1.000 euros.
En el auto por el que acordó la apertura de juicio oral, recogido por Europa Press, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 Manuel García Castellón recoge el relato de los hechos de la Fiscalía, desde el robo en el Ikea de Alcorcón de las pertenencias de la exasesora y de su entonces pareja el 1 de noviembre de 2015 hasta la aparición de parte del contenido del móvil de Dina en medios en 2016.
En su escrito, Anticorrupción indica que el 19 de enero de 2016 una persona anónima entregó en la sede del Grupo Zeta un sobre que contenía la tarjeta micro SD que era la que había estado conectada al móvil sustraído y fue examinada por los periodistas, además de por un directivo y el presidente del grupo Antonio Asensio.
La Fiscalía explica que este último toma la decisión de no publicar nada al respecto y se pone en contacto con Iglesias creyendo que la tarjeta le "podía pertenecer".
"PERIODISTAS DE SU CÍRCULO DE CONFIANZA"
Tras esa entrega a Iglesias, previo visionado en la sede de la editorial, los fiscales explican que entre enero y abril de 2016 los periodistas encausados fueron contactados por Villarejo, que era fuente "habitual", y le entregaron una copia de esa tarjeta micro SD "conociendo que se trataba de un funcionario policial en activo del Cuerpo Nacional de Policía".
Los fiscales subrayan que ambos periodistas sabían que la tarjeta que entregaron a Villarejo "contenía archivos con documentos internos del partido Podemos, diversos datos bancarios, archivos de video y audio, y (...) documentos de carácter íntimo y personal", entre ellos fotos de la exasesora semidesnuda. También conocían que en la tarjeta había grupos de Telegram en los que participaban miembros de la cúpula del partido.
El escrito explica que el comisario, "actuando en abuso de sus funciones relacionadas con la inteligencia policial" hizo copias y las entregó "a periodistas de su círculo de confianza para que esto elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito de Podemos y de (...) Iglesias".
A continuación, los fiscales enumeran una serie de artículos de hasta dos medios digitales como prueba de que el contenido del móvil sustraído en 2015 efectivamente acabó siendo publicado a lo largo de 2016.
