El parque eólico Teruel Clúster Maestrazgo iniciará su construcción a principios de 2025, tras haber recibido recientemente la autorización administrativa de construcción, aprobada en Consejo de Ministros. Aunque el periodo de ejecución de las obras está contemplado que se alargue durante dos años, fuentes de la compañía promotora, la danesa CIP, han confirmado ya que los primeros parques comenzarán a verter energía limpia a la red durante 2026.
Con una capacidad instalada de más de 760 MW este megaproyecto eólico, no exento de polémica, “contribuirá decisivamente a la transición energética del país y a alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) marcados por el Gobierno de España para 2030”, señalan desde CIP, la gestora de fondos danesa encargada del proyecto y la mayor del mundo dedicada en exclusiva a proyectos de energía renovable.
La compañía explicó que los parques de el Maestrazgo generarán, una vez completado el proyecto, la energía equivalente al consumo medio de 570.000 hogares, como publica Servimedia.
El proyecto pretende convertirse en referente de las renovables en el sector, como indicó el director de CIP en España, Javier Prados, en declaraciones a Servimedia “es un proyecto emblemático no ya por el tamaño y la capacidad de generación, sino por ser un ejemplo de integración del territorio y de beneficio para los municipios impactados”.
Prados comentó al respecto que “el 100% de los municipios en los que se instalarán los aerogeneradores están a favor del proyecto y llevan años reclamando parques eólicos que generen riqueza en una comarca con un alto índice de despoblación”.
Estos municipios de El Maestrazgo turolense, en su mayoría agrupados en la asociación Viento Alto, recibirán un total de 136 millones de euros en conceptos de tasas e impuestos municipales que, según han manifestado en distintas ocasiones desde la asociación, revertirán en infraestructuras y servicios que mejoren la vida de los vecinos.
Frente a las críticas de las voces contrarias al proyecto, Javier Prados aseguró que “se están difundiendo cifras y afirmaciones que no se corresponden con la realidad del proyecto, recogida tanto en el expediente de evaluación de impacto ambiental como en la DIA favorable emitida por el Miteco, que es muy probablemente la más exigente hasta la fecha para un proyecto de estas características”.
Desde CIP también dijeron que “la prevención medioambiental está en el eje del diseño, construcción y explotación del Proyecto ya que todo el diseño del proyecto gira en torno al principio de prevención marcado por las directivas europeas y cuenta con los más altos estándares de sostenibilidad”, por lo que están tranquilos ante cualquier reclamación vía judicial.
“El Miteco y todas las administraciones competentes han hecho un trabajo exhaustivo y riguroso, desde un punto de vista legal estamos tranquilos porque todas las autorizaciones están absolutamente justificadas y bien regladas”, sostuvo Javier Prados.
